El Gobierno no cierra filas con un Iglesias en apuros: «Es una cuestión de los tribunales”

Pablo Iglesias cada día está más solo. El Gobierno del que es vicepresidente segundo ha evitado respaldarle hoy en su laberinto judicial por el caso de la tarjeta SIM de su ex asesora Dina Bousselham. En Moncloa recuerdan que «es una cuestión de los tribunales».

El político de Podemos, señalado por guardar la tarjeta con material confidencial durante varios meses y destruirla antes de devolvérsela a su propietaria legítima, está en el punto de mira de los tribunales por si pudo cometer algún delito.

Iglesias sustentó varias de sus campañas electorales en este caso del que culpabilizaba entre otros al director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Ni Inda ni este medio, según el juez, tuvieron responsabilidad alguna en el robo de la tarjeta a la ex asesora en un centro comercial. Se hizo la víctima señalando a las ‘cloacas’ aunque, según las investigaciones que se están conociendo ahora, todo se habría tratado de una invención de la formación morada.

Este martes, tras el Consejo de Ministros, se le ha preguntado a la portavoz María Jesús Montero sobre la posibilidad de que los tribunales acaben imputando al vicepresidente y cómo reaccionaría el Gobierno de ser así. La titular de Hacienda ha esgrimido que no es un tema que se haya tratado en la reunión del Gabinete ya que «no hay nada que abordar». Asegura Montero que «este Gobierno siempre respeta las investigaciones judiciales y sus tiempos».

Una breve referencia de la portavoz del Ejecutivo a la cuestión que no ha aprovechado para defender y respaldar a su compañero de Consejo de Ministros. La posibilidad de que el vicepresidente del Gobierno acabe imputado, es cada vez mayor. Y eso preocupa en La Moncloa. Prueba de ello es el silencio impuesto alrededor del número tres de Pedro Sánchez.

En el caso de comprobar indicios suficientes de la comisión de delito el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, deberá redactar una exposición razonada de motivos para solicitar al Tribunal Supremo que sea imputado, dada su condición de aforado. A partir de ahí el Alto Tribunal deberá admitirlo a trámite y solicitar el suplicatorio de Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados. Todo este proceso podría provocar que, pese a que García-Castellón considere que debe ser imputado, eso no ocurra hasta finales de año.