El Gobierno excluye la viruela del mono de las pruebas médicas a los inmigrantes llegados a Ceuta

El Gobierno ha excluido la viruela del mono de las pruebas médicas que está obligado a hacer a los inmigrantes llegados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. En el listado de analíticas que realiza a todos los extranjeros llegados al centro para descubrir si padecen alguna afección, no está la enfermedad por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia sanitaria internacional.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de su Subsecretaría homónima, adjudicó el pasado 29 de agosto un contrato para «Servicio de analíticas (pruebas externas de laboratorio) con destino a los residentes del CETI de Ceuta». La empresa que finalmente se encargará de realizar esa labor será Synlab Diagnósticos Globales, a razón de 66.440,80 euros al año, por un plazo máximo de cuatro años, lo que podría elevar la factura hasta los 265.760 euros.

En el pliego de prescripciones técnicas del acuerdo se incluyen las pruebas que tendrá que realizar el laboratorio «para todos los inmigrantes a la entrada al centro». Entre ellas, está un «hemograma completo», es decir, un análisis de sangre, en el que se ven posibles alteraciones de la misma. A los inmigrantes cuya analítica muestre algún dato «alterado», se les someterá a otras pruebas para confirmar qué afección padecen.

En segundo lugar, se hará un «screen serológico», que permite detectar en el cuerpo la presencia de anticuerpos que evidencien que los inmigrantes padecen una enfermedad por un virus o un microorganismo externo. Este estudio incluye pruebas de hepatitis, sífilis y VIH.

En total, el Gobierno prevé realizar 1.800 «pruebas generalizadas» para los inmigrantes que entren en el CETI cada año. Más allá de estas analíticas, se realizarán otras 80 pruebas para los que den positivo en el screen serológico.

«Repercusiones de salud pública»

El Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social recoge que «las personas que pretendan
entrar en territorio español deberán» presentar «un certificado sanitario expedido en el país de procedencia». Sin embargo, los inmigrantes ilegales carecen de ese documento y, por tanto, tendrán que «someterse a su llegada, en la frontera, a un reconocimiento médico por parte de los servicios sanitarios españoles», tal y como recoge la norma.

Todo ello, para «acreditar que no padecen ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves». Este mandato normativo choca con la falta de pruebas previstas por el Gobierno para el CETI respecto a la viruela del mono, declarada como emergencia sanitaria internacional por la OMS.

Aunque la licitación del contrato se inició en enero de este año, antes de que se decretase la emergencia, el Gobierno tenía la potestad de modificar el pliego de prescripciones técnicas para añadir las pruebas de la viruela del mono. Sin embargo, no lo hizo. En todo caso, ya en esa fecha las autoridades mundiales comenzaron a pedir control porque en distintos países de África, lugar de procedencia de gran parte de la inmigración irregular, una nueva variante se encontraba en peligrosa expansión.

La única condición que prevé el acuerdo para una «modificación del contrato» es que «se produzca en el CETI una ocupación superior a las plazas de las que dispone» y, por tanto, se necesite «un mayor número de analíticas de las estimadas en el contrato», tal y como refleja la memoria justificativa de la licitación. No obstante, no recoge ninguna posibilidad de ampliar el tipo de analíticas a realizar para poder incluir otras afecciones como la viruela del mono.

En ese mismo documento se argumenta la necesidad del contrato por los «servicios básicos» que presta el CETI a los «inmigrantes y solicitantes de protección internacional». Entre ellos está la «atención sanitaria» para la «detección precoz y valoración inicial del estado de salud» de los inmigrantes.

Más concretamente, estas pruebas tienen un fin de «vigilancia epidemiológica». «Con estas actuaciones se permite llevar a cabo un control de enfermedades infectocontagiosas, así como poder descartar patologías susceptibles de aislamiento», añade el texto justificativo del contrato. Sin embargo, la enfermedad que ha obligado a la OMS a activar una emergencia internacional, la viruela del mono, no ha sido añadida en ese listado.

El CETI de Ceuta cuenta, a fecha del lunes, 2 de septiembre, con una sobreocupación superior al 156%, ya que hay cerca de 800 personas viviendo en un centro que está preparado para acoger a un máximo de 512 inmigrantes.