El Gobierno evita rechazar las sanciones a empresas que no vuelvan a Cataluña que pide Junts

El Gobierno ha evitado rechazar abiertamente la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el proceso separatista catalán. Desde el Ejecutivo, preguntados por la cuestión, han evitado pronunciarse con claridad sobre esta medida, con el fin de negociar in extremis con los de Carles Puigdemont la convalidación de varios decretos leyes que tienen que votarse este miércoles.

Aunque desde Junts han manifestado su rechazo a apoyar esos decretos, en desacuerdo con varios puntos sobre la administración de Justicia -como ha publicado OKDIARIO- fuentes de Moncloa insisten en negociar «hasta el último minuto».

Cuatro preguntas

Los de Carles Puigdemont han planteado este martes sanciones para aquellas empresas que no regresen a Cataluña. Una posibilidad que la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, no ha rechazado. Alegría, preguntada hasta en cuatro ocasiones por este asunto, se ha limitado a repetir que el Gobierno «siempre» da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas y no ha llegado a aclarar si el Gobierno rechaza la iniciativa propuesta por Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria para convalidar los decretos.

«Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas», se ha limitado a asegurar la portavoz, al ser preguntada al respecto sobre la propuesta de Junts, uno de los socios de investidura del Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales admiten que las palabras utilizadas por la ministra estaban medidas, con la intención de facilitar algún acuerdo con Junts.

La medida ha sido planteada por el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha afirmado que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el referéndum «puedan ser sancionadas» si no vuelven.

Cabe recordar que el pacto entre el PSOE y Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez ya recogía expresamente como uno de los compromisos que «se acordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que la cambiaron de ubicación a otros territorios en los últimos años». El pacto, no obstante, no aclaraba cuáles serían esos «elementos esenciales», que ahora Junts sí concreta.

En línea con la ambigüedad de Moncloa, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también ha señalado que las propuestas deben basarse en «tres asientos»: «Facilitar que las empresas vuelvan»; «cumplimiento de la ley de sociedades de capital» y «garantizar la seguridad jurídica».

López se ha pronunciado en esos términos al ser preguntado explícitamente por su postura sobre la propuesta de Junts. Es decir, en ningún caso ha rechazado abiertamente la posibilidad de sancionar a las empresas.

Aunque desde el Gobierno se muestran aún confiados en que Junts apoyará los decretos que se votan este miércoles, lo cierto es que el partido de Carles Puigdemont está, hoy por hoy, alejado de esa posición.

Como ha publicado este periódico, desde el partido separatista se advierte que Moncloa «quiere un trágala» y avisan: «Nosotros no somos ERC». De confirmarse esa negativa, Sánchez no tendrá los votos necesarios.

Una de las principales razones que se esgrime desde el entorno de Carles Puigdemont es que la parte de reforma que afecta a la Administración de Justicia permita a Félix Bolaños contar con valiosa información judicial a la que antes no tenía acceso.

Junts pone la mira en la batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia, que se incluyen en el decreto de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia,función pública, régimen local y mecenazgo.

En Junts sospechan que Bolaños «podrá acceder de forma indiscriminada a sumarios judiciales a partir de los metadatos de los archivos digitales».