Memoria Histórica

El Gobierno dice que intentará «extinguir» la Fundación Franco tras admitir que no puede ilegalizarla

Cambio de planes en el equipo de Sánchez: como adelantó OKDIARIO, no se puede ilegalizar la Fundación Franco

La extinción de la fundación sin estar acompañada de la ilegalización permitiría crear una fundación nueva con los mismos fines

El Gobierno dice que intentará «extinguir» la Fundación Franco tras admitir que no puede ilegalizarla

El Gobierno de Pedro Sánchez da un nuevo volantazo y tras constatar, como adelantó OKDIARIO, que no pueden ilegalizar la Fundación Francisco Franco, ahora prepara otro plan para, en su lugar, impulsar la «extinción» de esa fundación desde el Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura. El Ejecutivo tenía previsto acometer una modificación legal de la Ley de Asociaciones desde el Ministerio del Interior para fulminar esa organización en recuerdo al dictador Franco, pero ese propósito ha desaparecido del plan legislativo para 2024. En Moncloa consideran que supondría problemas legales porque iría en contra del derecho de asociación, blindado en la Constitución española.

Seis años después de su promesa de aniquilar la Fundación Francisco Franco, el Ejecutivo no ha iniciado aún ningún trámite. Mientras, amparan a entidades como la Fundación Largo Caballero, el sanguinario socialista conocido como el Lenin español. Si finalmente los tribunales avalan la extinción de la fundación que pretende el Gobierno, se podría abrir una nueva con el mismo espíritu. Este cambio del Ejecutivo ha provocado malestar entre los colectivos republicanos, que defienden la desaparición total.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado este viernes, tras las informaciones de este periódico, que la Fundación Francisco Franco está en sus «últimos días», aunque ha reconocidos que el Gobierno no pretende ilegalizarla, sino «extinguirla». Torres ha explicado, midiendo al milímetro sus palabras, que no tiene sentido, dentro de la democracia, que una entidad «rememore, homenajee o enaltezca a alguien que fue un represor».

El ministro ha evitado dar plazos concretos para no incumplir un nuevo compromiso.

Sin plazos concretos

Preguntado sobre los cambios en los estatutos de la fundación para asegurar que no se humille a las víctimas del franquismo en sus actividades, Torres ha considerado que no podrá eludir la Ley de Memoria Democrática.

Por otra parte, también en relación al franquismo, el Gobierno sí se ha fijado otra prioridad: sacar a los monjes benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos. Según ha explicado Torres en la Cadena SER, su ministerio llevará al Consejo de Ministros del 23 de abril la creación de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de los Caídos.

Ayudas a descendientes

Entre las comisiones que se presentarán al próximo Consejo se incluye la de reparación económica para los familiares de las víctimas del bando republicano, ya que, según Torres, no recibió compensación. El ministro ha destacado que mientras los caídos del bando nacional eran entregados a sus familias con identificación individual, los del bando republicano eran extraídos de fosas comunes y nunca se informaba a sus familiares. También se creará otro grupo de trabajo para la restauración del pueblo gitano.

Batalla judicial

Por su parte, la Fundación Francisco Franco ha advertido al Gobierno que se enfrentará a una batalla legal si intenta extinguirla.

El director de la Fundación, el general Juan Chicharro, ha argumentado que los planes del Gobierno violarían el artículo 22 de la Constitución, que protege el derecho de asociación, y que cualquier intento de extinguir la Fundación requeriría una reforma constitucional.

Además, advierte que no pueden ser disueltos mediante un decreto ley, como ha llegado a plantear el Gobierno, ya que el derecho de asociación es fundamental. El general insiste en que la Fundación ha ajustado sus estatutos para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y asegura que están en conformidad con la normativa vigente.

Ante esta situación, Chicharro anticipa una batalla legal si el Gobierno persiste en su intento de silenciarles, argumentando que la Fundación es «necesaria para dar a conocer la labor social realizada durante la dictadura» y para destacar los objetivos de «prosperidad y orden» del régimen franquista. Finalmente, acusa al Gobierno de desviar la atención de sus propios problemas utilizando a Franco como distracción.

También desde la izquierda critican al PSOE. «En 2019, Pedro Sánchez anunció que disolvería la Fundación Francisco Franco. Hoy, 12 de abril de 2024, cinco años después, sigue anunciándolo pero sigue sin hacerlo. Es el Gobierno de los anuncios», afea Pau Vivas, alto cargo de Podemos.

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