El Gobierno descarta que la Alta Inspección actúe contra el adoctrinamiento en las aulas

El Gobierno rechaza que la Alta Inspección Educativa actúe contra el posible adoctrinamiento escolar a través de los libros de texto, sobre todo en comunidades especialmente sensibles como Cataluña o País Vasco.

Ésa es la respuesta del PSOE vía enmienda a una moción presentada por Ciudadanos en el Senado, y votada esta semana. La iniciativa salió adelante, gracias a los votos del Partido Popular, con mayoría en la Cámara, pero con el rechazo de PSOE, Podemos y Compromís.

Las enmiendas presentadas por estos grupos fueron rechazadas. Sin embargo, resultan significativas para fijar la política del Ejecutivo en materia educativa. El texto de la formación naranja -por el que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para «garantizar la neutralidad y la calidad de los libros de texto»- requería también (punto c) que la Alta Inspección Educativa del Estado verificase la «adecuación de los contenidos de los libros de texto a la legislación vigente». En su enmienda, el PSOE propone expresamente la supresión de este punto. 

Los socialistas firman también la sustitución del punto a. de la moción de Ciudadanos, de forma que se exime a la edición y adopción de libros de texto y demás materiales de una autorización previa de la Administración Educativa. «En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración Educativa», así como «reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades y derechos constitucionales».

El PP pide inspecciones de oficio

Por su parte, el grupo del Partido Popular, va más allá en su propuesta e incorpora un nuevo «marco normativo que refuerce la capacidad de actuación de la Alta Inspección Educativa», de forma que permita «elaborar informes sobre la inclusión de aspectos básicos en el currículum, sobre la obligación de que los libros de texto se adecuan al ordenamiento estatal correspondiente y respetan la garantía de igualdad de derecho de todos los alumnos, en particular, los derechos lingüísticos».

Asimismo, los ‘populares’ proponen que los inspectores puedan realizar requerimientos e inspecciones, de oficio o a instancia de parte, en centros educativos, y que se determinen sanciones.  «La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan», añade el PP.

El Gobierno ya se negó a hacer público el informe de los inspectores que recoge casos de adoctrinamiento en Cataluña

El Ejecutivo ya sorprendió a los inspectores cuando, a mediados de septiembre, afirmó que el informe que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó sobre adoctrinamiento en las aulas carecía de «rigor científico». Hasta entonces, el departamento de Isabel Celaá había asegurado no disponer de ese trabajo porque el ministro anterior, Íñigo Méndez de Vigo, no se lo había entregado.

El informe en cuestión recoge, tras revisar los libros de texto de las aulas catalanas, numerosos ejemplos de adoctrinamiento, como que Cataluña sea considerado un país o que se omitan las alusiones a la Constitución.

Pese a que los inspectores reclamaron al Ejecutivo que lo hiciese público, no será así. «No actuamos porque nos digan o porque nos dejen de decir sino que actuamos en función de lo que creemos que debe ser», excusó el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana. El Gobierno tampoco tiene intención de encargar un nuevo informe.