El Gobierno da largas en el Congreso a una reducción de Ministerios por la crisis económica

El Gobierno de Pedro Sánchez evita comprometerse a una remodelación que conlleve la supresión del gasto en Ministerios para afrontar la crisis económica. El Ejecutivo despacha por la tangente una pregunta registrada por Vox en en el Congreso en la que el partido de Santiago Abascal se interesa por una «optimización de la estructura de Gobierno, fusionando Ministerios, reduciendo Vicepresidencias y reduciendo el número de cargos de confianza, de cara a liberar recursos públicos a emplear en la lucha contra el Covid-19».

El Gobierno resuelve subrayando que «el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la pandemia es máximo» y que «para responder a la magnitud del desafío sanitario, económico y social al que nos enfrentamos, el Gobierno está poniendo –y así seguirá haciéndolo- todos los recursos que sean necesarios sin escatimar ningún tipo de esfuerzo».

En su exposición de motivos, el Grupo Parlamentario Vox destaca que «la constitución del nuevo Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha supuesto la mayor estructura de Gobierno desde la Transición, con un presidente, cuatro vicepresidencias y 18 ministros». «Un total de 23 miembros, frente a los 14 miembros del último Gobierno de Mariano Rajoy», apunta.

El partido señala asimismo que «este incremento de estructura ha dado como resultado una mayor contratación de altos cargos y asesores, lo cual supone un mayor coste de personal de esta macroestructura de Gobierno». Concretamente, añade, se estima «un coste anual de 130 millones de euros, frente a los 1o8 millones del último Gobierno de Mariano Rajoy».

733 asesores

Vox opina que detrás de este incremento del coste de personal se encuentra la contratación de cargos de confianza, «que alcanzan los 733 asesores frente a los 629 de enero de 2019», un 17% más.

«Este incremento de coste de personal del Gobierno ha concurrido con la gravísima crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-19. Esta situación de alarma hace necesaria la movilización de recursos públicos para financiar las diferentes líneas de actuación, tales como compra de material sanitario, establecimiento de centros de atención UCI’s, programas de ayuda a trabajadores y empresas y un largo etcétera», señala Vox.

Desde la formación destacan que «este incremento de gasto va a tener un consecuente impacto en nuestro déficit público, que algunos analistas estiman que supere los umbrales de la crisis 2008-2012». Y advierten que «este déficit puede ser reducido con una política de contención de gastos públicos superfluos».

La remodelación del Gobierno para ajustarse a la crisis derivada del coronavirus es reclamada con insistencia por la oposición, al igual que una bajada de sueldo de los cargos públicos.

Semanas atrás, el presidente Pedro Sánchez evitó también pronunciarse al respecto durante una de sus habituales comparecencias de los sábados en La Moncloa. El socialista hizo caso omiso a la pregunta de una periodista sobre la posibilidad de una reducción de sueldos para afrontar la crisis y no respondió en concreto a la cuestión, sino que destacó que «lo sustantivo» para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia es «la triple red» puesta en marcha por el Ejecutivo.

Dirigentes de otros países sí han secundado esta iniciativa, como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, quien decidió donar el 20% de su sueldo y de su gabinete durante los próximos seis meses.

Preguntada también por esta cuestión hace unos días, la portavoz María Jesús Montero consideró que la propuesta de bajarse el sueldo o suprimir parte de la estructura de la Administración es «populista». Según Montero, ese tipo de planteamientos «intentan denostar» el «valor de lo público».

«Yo siempre prevengo contra aquellos que, en los momentos de dificultad, en los que es más importante que la administración pública funcione como un reloj […] se planteen discursos o cuestiones que tienen más de populismo que de otra cosa, en el sentido de intentar denostar el papel que juegan las administraciones públicas, el sector público, sobre el conjunto de la sociedad», consideró Montero, señalando además que «las formaciones políticas populistas que intentan denostar el valor de lo público».

17,8 millones

En marzo, el peor mes de la historia para el paro -cuando 302.265 personas perdieron su trabajo- las nóminas de los altos cargos y ‘dedazos’ del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos supusieron para las arcas públicas un gasto de 17,8 millones. 

Según el informe mensual de la Intervención General del Estado (IGAE), sólo en ese mes el Estado pagó 11.915.000 a los altos cargos del Ejecutivo (desde ministros a responsables de organismos públicos) y 5.946.000 al personal eventual.

El Gobierno de Pedro Sánchez es, con 22 carteras, uno de los más extensos de la democracia, sólo por detrás del de Adolfo Suárez en 1980. Además bate récords de vicepresidencias, con cuatro. Y ello conlleva todo un despliegue de altos cargos. Un ‘séquito’ en el que destacan los asesores de cada uno de los departamentos ministeriales.

Los socios de Gobierno ya evidenciaron que el estado de alarma no impide una reorganización ministerial aunque ello engorde aún más los puestos de la Administración.

El pasado 28 de abril, con el país sumido en la parálisis, el Consejo de Ministros aprobó varias modificaciones, disparando el número de cargos. En concreto, se crearon hasta 11 nuevas direcciones generales, una dirección general y otra nueva división.

El Ejecutivo de Sánchez también lidera el dudoso podium de enchufes de altos cargos, al eximirles del requisito de ser funcionarios para colocar a sus afines.

Entre ellos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  José Félix Tezanos, o varios directores generales integrados en el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias.

Algunos de esos nombramientos fueron especialmente controvertidos, como el del responsable de Derechos de los Animales, departamento de nueva creación bajo las órdenes de Podemos y que gestiona Sergio Antonio García Torres, un activo animalista y portavoz de Podemos Animalista a nivel estatal, que criticó que el hombre se «el único mamífero que le roba la leche a otra especie». 

También el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, se saltó esa exigencia con el pretexto de fichar a «personas que aúnen suficiente experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil», como fue el caso de la histórica dirigente del movimiento LGTBI, Boti García, nombrada directora general de Diversidad Sexual.

En la misma situación está la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, activista LGTBI y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que, según publicó este periódico, animaba, en una entrada en su blog, a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad.

Tampoco se consideró el requisito para nombrar a la directora del Instituto de la Juventud (INJUVE). La elegida fue María Teresa Pérez, periodista de 26 años que colaboró con los programas Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka, dirigidos y presentados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.