Memoria Histórica

El Gobierno asume que sólo podrá identificar a un 6% de los 114.000 desaparecidos del franquismo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asume, tras escuchar a expertos, las dificultades para cumplir con sus promesas en la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Memoria Histórica
Francisco Franco y Pedro Sánchez.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado notablemente las expectativas en sus políticas de Memoria Histórica. Una frustración que se plasma en datos demoledores sobre la viabilidad de las promesas iniciales de los socialistas: apenas un 6% de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo -unos 114.000 según los datos de las organizaciones y adoptados como referencia oficial- podrán ser identificados. Ello, tras una ardua labor que obligará a una ingente movilización de recursos económicos y esfuerzos personales. Y en el pronóstico más favorable.

Las cifras se derivan de los estudios encargados por La Moncloa para acometer sus planes de ‘reparación’ de las víctimas de este período histórico. Uno de ellos, como adelantó la Cadena SER,  está dirigido por el prestigioso forense Francisco Etxebarría, y lleva por título ‘Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro’. Según los datos aportados, en el mejor de los casos, podrían exhumarse  unos 25.000 cuerpos. Y de ellos, se identificarían, como máximo, 7.000. Ello implicaría que sólo un 6% de los desaparecidos durante la contienda y la dictadura posterior podrían ser identificados y por tanto devueltos a sus familias.

Los expertos llaman además la atención sobre el alto grado de deterioro de los enterramientos y las dificultades para localizar las fosas, ante la ausencia de un mapa actualizado y coordinado entre comunidades autónomas. Muchas de las fosas se encuentran en lugares de difícil acceso, o  incluso ya soterradas, lo que complica de forma extraordinaria los trabajos.

Cuatro años como mínimo

Son, además, planes a largo plazo, como adelantó OKDIARIO: el departamento de Memoria Histórica del Gobierno prevé que los proyectos de exhumación se retrasen hasta cuatro, o incluso más.

Pese a que el Ejecutivo socialista anunció con bombo y platillo sus políticas en este ámbito, ocho meses después de que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, expusiese los planes en el Congreso, las deficiencias siguen siendo evidentes.

El Gobierno no dispone aún de un mapa oficial ni de un censo de fosas actualizado. Un problema de primer orden que Justicia empieza a abordar. A comienzos de marzo, el ministerio anunció la apertura de una consulta pública para la confección del censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a la localización e identificación de los afectados.

Hasta ahora, han sido las distintas comunidades autónomas las que, bien a iniciativa de la administración o por organizaciones privadas, han ido recopilando información de desaparecidos, pero de forma y gestión dispar.

El procedimiento, sin embargo, es largo, ya que aún la pasada semana finalizó el plazo de consulta pública.

En 2014, la ONU, a través del informe de su Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ya advirtió sobre la inexistencia de una «base de datos central sobre las desapariciones».

Según el organismo, «existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, lo que produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas». Según los expertos de Naciones Unidas, «una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y la certeza sobre las personas desaparecidas. Se necesita disponer de datos individuales y estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas» y «estos datos también deben incluir información sobre la fecha y el lugar de enterramiento y eventual exhumación e identificación y la información sobre los miembros de la familia».

Banco de ADN

Tampoco hay avances en la creación del banco de ADN, esencial para identificar los restos y conectarlos con sus descendientes y familiares.

En julio, la ministra Delgado anunció que el Estado lideraría las exhumaciones, hasta ahora en manos de asociaciones privadas por la Memoria Histórica. Pero los resultados son más bien pobres. Las exhumaciones dependen de una coordinación con todas las administraciones implicadas, que han de elaborar convenios en los que se recogen las prioridades de cada una de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Desde la Dirección General para la Memoria Histórica se asume también que no será una tarea sencilla. Según sus cálculos, y como publicó OKDIARIO, estos trabajos costarían, como mínimo, unos 230 millones de euros. 

Un panorama que llevó al responsable de este departamento, Fernando Martínez, a advertir ya el pasado septiembre de que el proyecto podría crear “falsas expectativas” en los familiares.

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