El Gobierno aprueba la ley que crea un registro de medios que emula al del franquismo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la ley que crea un registro de medios que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este registro emula a otro que existía en la época de la dictadura franquista. Esta aprobación la ha comunicado el ministro de la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López en el Consejo de Ministros de este martes en el que también ha participado la ministra portavoz, Pilar Alegría; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministro López ha valorado que este registro refuerza el «derecho a la información veraz» y «reforzar la democracia» para ir «contra las campañas de odio» y lo que ellos consideren «desinformación». «Esta ley da un salto importante», ha destacado.

El titular de Transformación Digital ha puesto el foco en que esta norma viene del Plan de Acción para la Democracia, un proyecto que Sánchez presentó después de que se abrieran varias investigaciones judiciales a su entorno personal y político y que pretendía acallar a los medios críticos a los que ellos consideraban «desinformación». De aquel programa, López se ha vanagloriado de estar «por encima del 60% del cumplimiento».

La creación de registro se justifica en que permite la «transparencia» a la hora de comprobar la «independencia editorial» de los medios. «Se creará el registro estatal de medios que dependerá de la CNMC, no del Gobierno», ha tratado de matizar el dirigente socialista. Sin embargo, la presidencia del organismo, presuntamente autónomo, recae sobre Cani Fernández, ex asesora en Moncloa.

En el registro constará «la propiedad de los medios, la inversión publicitaria pública reciben de forma anual y cuántos ingresos reciben de financiación pública extranjera», como ha detallado López. El ministro de Transformación Digital ha defendido el «derecho de los ciudadanos a conocer la financiación y la propiedad de los medios».

Aun así, López ha puntualizado que «el registro no será constitutivo». «Alguien podrá abrir un digital sin registro, pero si no se registra, se aplicarán sanciones», ha detallado. Además, ha explicado que la segunda consecuencia de no estar en el registro es que no se podrá recibid dinero público: «Estar en el registro puede ser un requisito objetivo para la campaña de publicidad institucional».

Ley de medios de Franco

El Plan de Acción por la Democracia emula preceptos de la Ley franquista de censura de 1938, creada en tiempos de guerra para controlar a los periódicos de la zona del bando nacional. La creación de un registro de medios, la definición de quiénes son los «verdaderos profesionales» del periodismo, sistemas de control a la propiedad, regulación gubernamental de las rectificaciones o la persecución de informaciones anónimas son algunos de los puntos en los que coinciden ambas normativas, a las que separan 86 años de distancia.

En 1938, cuando España ya se acercaba al segundo aniversario del inicio de la Guerra Civil y el país seguía dividido en zonas controladas por los dos bandos, Franco encargó a su entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, la elaboración de un decreto para suprimir la prensa republicana. Una prensa que ya había experimentado una grave censura en los últimos años de la República. Las similitudes son llamativas y evidentes. La norma franquista, que estaría vigente hasta la muy posterior Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966), contemplaba que el Estado podría decidir qué era y qué no un periódico.

Gobierno asediado por la corrupción

Todo ello después de un final de curso en el que el Ejecutivo ha tenido que enfrentarse al estallido de importantes casos de corrupción que rodean al principal partido de Gobierno. La trama PSOE involucra a tres hombres cercanos a Sánchez: el que ha sido hasta junio su mano derecha, Santos Cerdán, su predecesor en el cargo y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García.

Hace unos días, el Tribunal Supremo decidió mantener en prisión preventiva a Cerdán al insistir en que ostentaba «un papel directivo y de control en la actividad criminal». Los jueces reconocían «la posibilidad» de que se «concertarse con otros investigados» para crear descargos que reduzcan o eliminen su responsabilidad. A la vez, subrayaban «su capacidad de destruir documentos, crear otros que puedan ahora justificar movimientos pasados, concertarse con testigos o, incluso, modificar el actual emplazamiento de sumas de dinero defraudadas».

Se trata, además, de un momento en el que se ha evidenciado la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno. El Ejecutivo perdió una votación clave hace unos días. Los votos en contra del PP, Junts, Podemos, BNG y la Chunta Aragonesista, partido coaligado con Sumar, impidieron que se convalidara el decreto anti-apagones por, entre otras cosas, considerar que no incluye las medidas necesarias para evitar que se repitan en el futuro.

En el último Pleno antes del verano, Sánchez constató la exigua mayoría con la que cuenta el Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas. Esa es la razón por la que tampoco decidió someter a votación la reforma judicial de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ni la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz, titular de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno.