El Supremo mantiene a Cerdán en la cárcel por el riesgo a que destruya pruebas de la trama del PSOE

El Tribunal Supremo tumba el recurso de apelación presentado por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, contra su prisión provisional en el marco del caso Koldo de comisiones ilegales. La decisión se ha conocido este miércoles después de la vista celebrada este martes a las 10:30 horas, a puerta cerrada, donde la Sala de Apelación ha confirmado la medida cautelar impuesta por el instructor.

El auto, dictado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena como ponente, recuerda que Cerdán ejercía el «papel directivo y de control en la actividad criminal».

La resolución ratifica los argumentos del juez Leopoldo Puente sobre el riesgo de destrucción de pruebas y manipulación de testigos: «Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del magistrado instructor». El escrito de la Sala de Apelaciones del Supremo subrayó que los indicios delictivos de la ex mano derecha de Pedro Sánchez «son nutridos y poderosos».

Los jueces reconocen que existe «la posibilidad» de «concertarse con otros investigados para construir descargos, así como su capacidad de destruir documentos, crear otros que puedan ahora justificar movimientos pasados, concertarse con testigos o, incluso, modificar el actual emplazamiento de sumas de dinero defraudadas». «Por todas las razones que se han expuesto, no es en modo alguno apreciable con la misma intensidad respecto del resto de investigados», reconocen.

De esta forma, Cerdán permanecerá en la cárcel de Soto del Real acusado de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho como presunto cabecilla de la trama.

Denegación de su «libertad inmediata»

La defensa de Cerdán había solicitado su «libertad inmediata» al considerar que no existían «indicios suficientes» contra su cliente. En su recurso, el exdirigente socialista se declaró víctima de una «causa general» y acusó al instructor de adoptar una actitud «inquisitiva» y «contra reo».

Cerdán había cuestionado las grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, uno de los principales elementos de cargo. Según su versión, García podría ser «un posible colaborador policial», lo que restaría validez a las conversaciones interceptadas.

El ex secretario justificó su «interés» en las obras públicas alegando que ejercía de «interlocutor entre el partido y el Gobierno». Negó ser «el encargado de repartir el botín» y achacó a la «creatividad judicial» el cálculo de que las presuntas mordidas ascenderían a cinco millones de euros.

También restó validez al contrato que le convertiría en propietario del 45% de Servinabar, empresa que se habría beneficiado de las corruptelas. Según Cerdán, al no elevarse a escritura pública, el acuerdo habría quedado sin efecto tras romperlo con el empresario Antxon Alonso.

El instructor Leopoldo Puente había argumentado en un auto de más de 40 páginas la existencia de «indicios bastantes» para considerar que Cerdán, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, habrían conformado una organización criminal. El magistrado situó el origen en Cerdán y García, que habrían mantenido una trama «vinculada a la empresa Servinabar».

Según la investigación, cuando Ábalos llegó al Ministerio de Transportes designó a García como asesor «precisamente a instancia» de Cerdán. El objetivo habría sido «canalizar indebidamente determinadas obras públicas» aprovechando la condición ministerial, especialmente en Carreteras y Adif.

«Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras», señala el auto. Las adjudicaciones habrían favorecido a Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas «sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica».

«Relación vertical, de cierta preeminencia»

El instructor considera que Cerdán mantenía «una relación vertical, de cierta preeminencia» con Ábalos y García. Su función habría sido «reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas las cantidades adeudadas, recaudarlas y hacerlas llegar después» a sus compañeros de trama.

Este supuesto papel preponderante ha llevado a Puente a apreciar el riesgo de que Cerdán pueda «ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas». El magistrado sospecha que más personas podrían haberse lucrado y que el ex dirigente socialista tendría un «conocimiento privilegiado» sobre la organización criminal.

La decisión de mantener la prisión provisional se vio reforzada por un episodio reciente. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solicitó a Instituciones Penitenciarias información sobre las visitas recibidas por Cerdán en prisión, incluso con «antelación». Fuentes de la defensa consideraron este seguimiento un grave «atropello» a sus derechos.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular ejercida por el PP se opusieron al recurso de Cerdán. El fiscal jefe Alejandro Luzón calificó de «impecable» el auto de prisión y desgranó el «amplísimo caudal de indicios» existentes contra el exsecretario socialista.

Luzón insiste en que Cerdán había asumido «la dirección de una organización criminal» que consiguió «penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno». Su posición le habría permitido establecer «un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas».

«Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios», subrayó el fiscal.

«Ésta no es una causa política»

Por su parte, el PP consideró «inasumible» que Cerdán se presentara como víctima de una investigación prospectiva. «Cerdán es un político, pero ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político», recalcó la acusación popular.

El caso ha destapado una presunta red de corrupción que habría aprovechado la posición privilegiada de sus integrantes para beneficiarse económicamente de adjudicaciones públicas. La investigación se inició a raíz de las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La trama habría evolucionado desde operaciones menores hasta convertirse en un sistema organizado que afectaba a importantes contratos de infraestructuras. Las grabaciones de Koldo García han proporcionado elementos clave para desentrañar el funcionamiento de la organización.

Los investigadores continúan analizando la amplia documentación incautada y las comunicaciones interceptadas para determinar el alcance real de la presunta corrupción. No se descarta que aparezcan nuevos implicados conforme avance la instrucción.