El Gobierno advierte: «Actuaremos penalmente contra los directores de colegios que pongan urnas»

Moncloa está decidida a poner todos los medios a su alcance para evitar la foto de otro 9N. Y ello empieza por las advertencias. Ante el órdago independentista, fuentes gubernamentales avisan de que cualquiera que colabore en la celebración de un referéndum ilegal sabe a lo que se atiene. Y esto significa, previa jurisprudencia, que las actuaciones penales no se limitan a los altos cargos de la Generalitat. Se extienden también a los funcionarios-como directores de colegios que acojan las urnas-o empresas que colaboren con esa hipotética convocatoria.

En este sentido, las mismas fuentes se remiten a las sentencias que, en las sucesivas condenas a la cúpula del Gobierno catalán de Artur Mas, ya destacan que el «delito de desobediencia» implicaba a «autoridad o funcionario público, precedentemente definido».

Esa es la radical diferencia que, sostienen en fuentes gubernamentales, separaría el 9N de un eventual nuevo referéndum ilegal. Ahora, las responsabilidades penales están definidas, y en el Gobierno sostienen que eso puede servir de herramienta disuasoria para aquellos que pretendan colaborar con los independentistas.

Cómo podrían actuar los funcionarios públicos ante una eventual orden de la Generalitat es una de las preocupaciones del Gobierno. No obstante, existe la convicción de que una amplísima mayoría está en contra de colocarse al margen de la legalidad. Es a ese colectivo al que va dirigido una de las líneas de acción de Moncloa: en fuentes del Ejecutivo se les ha advertido ya de que soliciten todas las órdenes por escrito porque eso es esencial para garantizar su seguridad jurídica, y la única para demostrar presiones o coacciones del Gobierno catalán para que colaboren con el referéndum.

No responder al «anuncio del anuncio»

La estrategia del Gobierno es ir «paso a paso», sin anticiparse aún a las provocaciones independentistas, pero, en cualquier caso, dejando claro que el límite lo marca la ley. En Moncloa rechazan responder al «anuncio del anuncio», la dinámica en la que, opinan, se encuentran los secesionistas. Este lunes, por ejemplo, con la convocatoria en el Palau de la Generalitat de la reunión de las formaciones favorables al referéndum, en la que solo se ha insistido en la vía de la consulta unilateral, aunque «sin conclusiones ni acuerdos», como posteriormente asumió la portavoz, Neus Munté. Esto es, aún sin fecha ni mucho menos pregunta.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya avisó este lunes, en una rueda de prensa convocada por sorpresa, de que la «sensación» del Gobierno de que «toda esta estrategia de anuncios de anuncios el señor Puigdemont busca la reacción de todos los demás para alimentar un victimismo que ya no cuela».

En la misma comparecencia, Santamaría descartó avanzar las medidas que piensa tomar el Gobierno y que resumió en «todo lo que tengamos que hacer». Pero, fundamentalmente y según su tesis, porque a Puigdemont «le gustaría que hiciéramos público lo que haremos si sigue en esta dinámica».

El Gobierno, eso sí, no descarta «absolutamente nada», en palabras de varios dirigentes. En ello se incluye también una posible aplicación del artículo 155 y el control de los Mossos, si fuese necesario.

Además, el Ejecutivo ya ha avanzado que estará activo y pendiente durante el mes de agosto si el presidente de la Generalitat da pasos para impulsar su llamada ‘Ley de Desconexión’ con el objetivo de convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Aunque sea un mes vacacional, el Ejecutivo estará atento por si hay alguna maniobra desde el Gobierno catalán, han asegurado fuentes de Moncloa.

La preocupación de Rajoy por el desafío secesionista es absoluta, y una de las prioridades de la labor del Gobierno. En los últimos días, el presidente ha aumentado el tono contra los rupturistas, llegando a calificar su hoja de ruta de «golpe de Estado», y ha insistido en que Puigdemont acuda al Congreso a defenderla.