Crisis del coronavirus

El Gobierno admite al Congreso que el coronavirus era una «emergencia internacional» el 30 de enero

Sánchez
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso.

El Gobierno de Pedro Sánchez renunció a tomar medidas serias contra el coronavirus hasta pasado el 8 de marzo, cuando miles de personas salieron a la calle alentadas por el Ejecutivo con motivo del Día de la Mujer. Sin embargo, ese mismo Gobierno ha acabado admitiendo que el 30 de enero el virus era ya una «emergencia internacional», según lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo reconoce el Gobierno en numerosas respuestas que los diputados están recibiendo a sus preguntas sobre la gestión de la crisis.

La respuesta del Ejecutivo, con la que defiende su actuación en la pandemia, destaca paradójicamente que ya a finales de enero se anticipaba la gravedad de la crisis.

Por entonces, el Gobierno estaba ocupado en la repatrición de los españoles procedentes de la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia.

«Nuestra responsabilidad es velar por que puedan volver con todas las garantías para su seguridad y la del conjunto de ciudadanos. Y por ello, vamos a adoptar todas las precauciones, evitando al máximo cualquier riesgo», señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en  una comparecencia.

Ese día, un informe de «evaluación de riesgo» del Ministerio de Sanidad destacaba que «no se puede descartar que aparezca algún caso importado en España, procedente de la zona de riesgo».

«Si esto ocurriera, la probabilidad de que se produjeran casos secundarios en nuestro país se estima baja en este momento, ya que con la información disponible, la transmisión persona a persona no es elevada y la instauración temprana de medidas de prevención y control reduciría en gran medida el riesgo», se apuntaba desde el departamento de Illa. Por entonces, únicamente se había establecido un protocolo de aislamiento, para el caso de detectarse algún sospechoso.

«Por todo ello, el impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera limitado», continuaba el informe fechado el 30 de enero, y que destacaba que la situación no constituía una «emergencia internacional», tomando como referencia una reunión de la OMS, celebrada una semana antes.

«Distanciamiento físico»

Sin embargo, ese mismo día 3o de enero la organización internacional reunió en Ginebra a su Comité de Emergencias, integrado por expertos epidemiólogos. Se decidió que el brote, que por entonces ya había infectado a más de 7.000 personas en China y provocado 170 muertos, debía ser declarado como un problema de dimensión mundial, y se decretó una ESPII, es decir, una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Una declaración que instaba ya a los países a tomar medidas contundentes.

Como reveló OKDIARIO, en dicha reunión se ofrecieron además una serie de recomendaciones dirigidas a frenar la expansión del virus. Entre ellas, no sólo detectar y aislar todos los casos, sino «promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo». Unos consejos que no se aplicarían en España hasta muchas semanas después. De hecho, no fue hasta el 9 de marzo cuando el Gobierno habló de un cambio de escenario y comenzó a adoptar algunas medidas, como la prohibición de eventos masivos. El 14 de marzo se aprobó el estado de alarma.

El Gobierno admite al Congreso que el coronavirus era una «emergencia internacional» el 30 de enero

En las respuestas a los diputados, el Gobierno comienza ya destacando que «el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero de 2020 que el brote de 2019 constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional».

A continuación, el Ejecutivo resuelve, frente a las críticas, que la «actuación de España se rige por cuatro criterios: seguimiento diario, decisiones basadas en la evidencia científica y el criterio de los expertos, máxima coordinación con las autoridades sanitarias internacionales, europeas y las Comunidades Autónomas y total transparencia en la información al conjunto de la sociedad».

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