La Generalitat destina dinero público a pagar trabajos universitarios sobre la independencia

El Diario Oficial de la Generalitat publica este jueves la convocatoria de las becas y ayudas para trabajos universitarios cuyo tema de estudio sea específicamente el autogobierno catalán y la independencia.

Las ayudas se canalizan a través del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), órgano dependiente del presidente de la Generalitat, y encargado específicamente de las ‘leyes de desconexión’.

Las becas-con una cuantía de 190.000 euros en los próximos tres años-van dirigidas a personal investigador español o extranjero, para la realización de trabajos cuya temática sea analizar «desde la perspectiva del derecho, la ciencia política y la economía» asuntos como el «autogobierno» de Cataluña o la «autodeterminación y la secesión».

Entre los criterios para valorar la concesión de esas ayudas figura el del «interés y novedad del proyecto en el marco de los objetivos y las funciones del Instituto de Estudios del Autogobierno».

Este ente forma parte, junto con la Hacienda y la Seguridad Social catalana, de una estructura- coordinada por Neus Munté- con la que el Gobierno catalán pretende diseñar los pasos de la desconexión y su hipotético Estado independiente. En su cometido está el poner en práctica los informes que elaboró el Consejo Asesor para la Transición Nacional y asesora a la Generalitat en el proceso de la independencia ilegal.

Al frente está Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y que anteriormente ya había presidido el Consejo Asesor para la Transición Nacional, organismo-anulado por el Alto Tribunal- que redactó informes sobre cómo debería ser una Cataluña independiente en ámbitos como la economía, la defensa o las relaciones internacionales, entre otros.

Viver Pi-Sunyer, experimentado jurista convertido al independentismo, es el cerebro de la ley de transitoriedad jurídica, o lo que es lo mismo, la ley con la que los secesionistas pretenden romper con España. En los últimos años, este magistrado se ha ocupado de realizar, con absoluto hermetismo, decenas de informes al servicio de la Generalitat, para explicar la arquitectura legal de una posible independencia.

Viver, que aseguró hace unos meses en una comparecencia en el Parlament, que dejaría su cargo «cuando Cataluña sea independiente», ocupa un cargo pagado con dinero público. En concreto, y según los últimos Presupuestos, la Generalitat destina un total de 1.166.927,67 a sufragar los gastos de este Instituto, de los cuales el grueso, 872.662,67 euros, corresponden al capítulo de personal, un equipo de 15 personas.

El jurista defiende que la celebración de un referéndum pactado con el Estado es una opción más compleja que la independencia unilateral, porque requiere de una reforma de la Constitución.

Además, no ha tenido reparos en admitir que la Generalitat tiene en marcha las estructuras para un Estado propio, que, dice, debe construirse «con seguridad jurídica, garantías de viabilidad económica y de continuidad de las prestaciones sociales y los servicios públicos propios de un Estado del bienestar». Viver ha asesorado al mismo Puigdemont sobre la pregunta en un hipotético referéndum ilegal.