Garzón abandera un proyecto de Greenpeace para que cada vaca y media tenga una hectárea para pastar

El Gobierno de Pedro Sánchez diseñó el pasado año un borrador de norma de ordenación de las granjas de ganado de vacuno. El texto pretendía recortar las granjas de vacas a un máximo de 850 unidades de ganado mayor (UGM en el borrador), es decir, 1.400 terneros de cebo o 725 vacas de ordeño. Pero la norma permitía continuar a las actuales sin aplicar las nuevas exigencias. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, boicoteó la tramitación con sus declaraciones por parecerle poco dura la futura norma. Y es que abandera un proyecto de Greenpeace que defiende una zona de pastoreo mínima de una hectárea por cada vaca y media.

 De hecho, Greenpeace salió en seguida a aplaudir a Garzón y, poco después de la entrevista del ministro en The Guardian, salió en su apoyo y dijo que  acogía con «mucha satisfacción el firme posicionamiento» del ministro respecto a la «necesidad urgente de reducir el excesivo consumo de carne en España y de frenar en seco el modelo de ganadería industrial y las macrogranjas como su máximo exponente».

La historia del ataque se ha convertido en una competición de mentiras. La parte socialista del Gobierno sí preparaba ya un golpe a las grandes granjas. Alberto Garzón sabía perfectamente lo que hacía al reventar la tramitación de esa norma. El PSOE conocía perfectamente la oposición de Podemos a su golpe por parecerle poco duro. Y los ecologistas de Greenpeace habían llegado a remitir ya su texto con “aportaciones” a la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas donde exigían que el recorte del tamaño de las granjas llegase hasta las 180 UGM (unidades de ganado mayor) y siempre que contasen con una carga ganadera (superficie pasable) de vaca y media por hectárea.

Todo un sueño, y no sólo para las vacas. El texto con las aportaciones de Greenpeace era conocido por el ministro Garzón. Y, de hecho, contaba con el respaldo del ministro de Consumo. El texto de Greenpeace fue fechado el reciente y pasado 9 de noviembre. Y allí se señalaba que “la situación de crisis ambiental planetaria en la que nos encontramos inmersos -con la emergencia climática declarada en España, un dictamen motivado de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, las emisiones de amoniaco por las nubes, el mayor uso de antibióticos en la ganadería de toda la UE, también el mayor consumo de carne de la UE, un rechazo social cada vez mayor al modelo de ganadería industrial y en particular del mundo rural, una demanda cada vez mayor de alimentos sanos y sostenibles así como la adopción creciente de pautas alimentarias basadas en los dos criterios anteriores- exige que el futuro Real Decreto […] tenga una ambición que permita ayudar de forma inequívoca a lograr los retos presentes y futuros así como los compromisos asumidos en materia ambiental en el ámbito estatal e internacional”.

El golpe a la ganadería

A partir de ahí, la argumentación trasladada al departamento de Luis Planas y compartida por Garzón, aseguraba que el golpe a la ganadería debía ser mucho más profundo.

Porque en “2020, y según el Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondientes, el sector agrario pasó a ser el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, en gran medida debido al incremento de la generación de emisiones en la ganadería”; porque, según ellos, “en 2018, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España, y en 2020 envió un dictamen motivado, por el incumplimiento de la Directiva de Nitratos”; porque, de nuevo, según su argumentación, la “ganadería industrial es la responsable del 94% de las emisiones declaradas de amoniaco”; y porque “a fecha de enero de 2021, en España había un total de 507.020 explotaciones ganaderas activas, lo que significa que existe una explotación ganadera por kilómetro cuadrado. De estas, 144.998 son de bovinos, casi un 30% del número total de explotaciones”.

Greenpeace exigió que la “futura normativa” se convierta en “un pilar fundamental de un nuevo modelo ganadero, un modelo que respeta los límites planetarios, la salud de las personas, el bienestar animal y que contribuye a mantener un mundo rural vivo. Debe ser también el freno decisivo a proyectos faraónicos […]”.

Capacidad productiva máxima de 180 UGM 

Y por ello pidieron las siguientes condiciones para las explotaciones ganaderas. En primer lugar, “establecer una capacidad productiva máxima de 180 UGM (unidades de ganado mayor). Si el modelo de futuro que queremos es de pequeñas y medianas explotaciones familiares para suministrar un necesario y fundamental bajo consumo de alimentos de origen animal, no podemos permitirnos una capacidad mayor que ésta”.

En segundo lugar, pedían que la norma tuviera “efectos retroactivos, esto es, que la normativa se aplique también a las explotaciones en funcionamiento […]”. Para ello, de hecho, pedían “un período de reconversión y las ayudas necesarias para una transición justa”.

También reclamaban “una carga ganadera máxima de 1,5 UGM por hectárea en todo el territorio nacional. La carga ganadera es la relación entre el número de animales y la superficie pastable disponible. Es decir que cada vaca y media debería tener una superficie pastable de una hectárea.

Exigían, por último “marcar un objetivo obligatorio de reducción de emisiones tanto de gases de efecto invernadero, como de amoníaco y nitrógeno para el sector”, “garantizar que las explotaciones se ubican a una distancia superior a 2.000 metros, a contar del núcleo más próximo de población agrupada”, y “que los futuros proyectos den prioridad a las razas autóctonas”.

El colofón era nada menos que la exigencia de “no autorizar nuevos proyectos, ni aquellos que están en tramitación, ni tampoco la ampliación de los existentes”. Traducido: “Poner en marcha una moratoria a la ganadería industrial”.