Fuerte malestar en el Supremo por la huida de Puigdemont: «La Operación Jaula fue una pantomima»

«La Operación Jaula fue una pantomima». Con esta frase resumen fuentes jurídicas el fuerte malestar que existe en el Tribunal Supremo tras la huida de Carles Puigdemont pese a que pesaba sobre él una orden de detención nacional. Los Mossos d’Esquadra no consiguieron arrestarle, pese a que pernoctó durante dos días en España y anunció que daría un mitin multitudinario en Barcelona. Los agentes activaron el dispositivo para encontrarle, revisando maleteros de los vehículos tras haberle visto durante varios minutos en un escenario. «Tuvieron que detenerle antes o después, es una vergüenza, no quisieron verle», explican fuentes consultadas por este periódico. 

Carles Puigdemont retó, una vez más, a la justicia española. Pese a saber que la orden de detención nacional del instructor del procés Pablo Llarena estaba activa, el independentista viajó hasta España arriesgándose a ser detenido. «Es la risa, la risa y la burla de todo. La burla hacia todo el Estado de Derecho, la burla hacia los Mossos d’Esquadra, hacia los catalanes, hasta hacia el Gobierno», explican fuentes jurídicas que lamentan cómo el prófugo ha conseguido esquivar el arresto por Europa durante más de siete años. Puigdemont ha logrado viajar a Francia, Dinamarca, Italia, Alemania y Bélgica sin ser entregado a la justicia española. Ha conseguido la inmunidad parlamentaria y que los tribunales extranjeros le protegiesen, pero nada hacía presagiar que la policía también le dejaría escapar en España. 

La orden de Llarena era clara: todos los cuerpos policiales debían colaborar en la detención del fugado. El dispositivo recayó sobre la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, entre los cuales hay agentes que han ayudado a Carles Puigdemont a fugarse. «Se ha ido ante todos y a la vista y paciencia de todo el mundo, uno no se esfuma por arte de magia. Es asombroso», señalan fuentes jurídicas. 

Lo cierto es que no les falta razón puesto que, como en cualquier otra concentración de más de 20 personas, había un dispositivo de seguridad activo. Fuentes policiales precisan que había decenas de agentes de información de paisano entre los asistentes al discurso de Puigdemont. Pero tras subir al atril y pronunciar de nuevo frases plagadas de ataques a los jueces, se escapó en un coche blanco vinculado, curiosamente, a un agente de los Mossos. «Tenían que haberle controlado en todo momento», lamentan fuentes jurídicas. 

Llarena reclama el dispositivo

El juez Pablo Llarena ha pedido un informe a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre este operativo para detener a Carles Puigdemont que fracasó. A través de dos providencias, el instructor del procés pide información sobre los aspectos técnicos policiales de este dispositivo en el que se debía dar cumplimiento a la orden de detención que pesa sobre el ex presidente catalán.

«Habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía, Carles Puigdemont, estuvo presente en el día de ayer en la ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él, ofíciese al Cuerpo de Mossos d’Esquadra para que informe sobre cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención; sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial; así como de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo», escribe textualmente en la providencia consultada por este periódico.

Ahora, los Mossos e Interior tendrán que enviar la documentación relativa al dispositivo policial instaurado. Fuentes policiales aseguran que este tipo de operativos se plasman por escrito. Llarena recibirá los informes y, según el sentido en el que vengan decidirá si se deben asumir responsabilidades penales. En todo caso, no será el Supremo el tribunal competente para juzgar estas actuaciones. También juega a favor de los agentes autonómicos que se ha abierto una investigación interna y se detuvo a dos mossos, ya puestos en libertad, por favorecer la huida. «Eso descoloca por lo menos la responsabilidad jurídico penal, la deja muy diluida, veremos lo que piden las acusaciones populares», explican fuentes solventes a este periódico.