Fiscalía Provincial de Madrid

La Fiscalía pide archivar la denuncia contra tres cargos de Sánchez por malversar 310 millones covid

Los 3 altos cargos de Sánchez imputados por malversar 310 millones covid se arriesgan a 14 años de cárcel

El imputado de Sánchez por más contratos Covid irregulares ha sido alto cargo con 8 ministros del PSOE

Sánchez colocó a una de las imputadas por los contratos covid en una plaza de funcionaria sin serlo

gobierno contratos covid
Patricia Lacruz, Paloma Rosado y Alfonso Jiménez, los tres altos cargos del Gobierno investigados.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido el archivo provisional de la querella contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la etapa más crítica de la pandemia. A juicio del Ministerio Público, que encabeza la ex diputada socialista Dolores Delgado, no se han concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación.

En concreto, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 26, que investiga la presunta prevaricación, malversación y fraude en la adjudicación de 310 millones de euros en contratos covid, la querella interpuesta por Vox que dio inicio a esta causa se sustenta en «meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis».

Fue el pasado mes de abril cuando el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, desfilaron ante el juez para declarar en calidad de investigados por suscribir más de medio centenar de contratos «sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo».

Según denunció la formación que dirige Santiago Abascal, el Ejecutivo socialista cerró una serie de contratos «con empresas sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario, de las que además «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento algo en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización» y a las que se pagó un importe «muy elevado al de mercado».

No obstante, para la Fiscalía estos indicios se basan en «meras conjeturas» que no «concretan qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones». Esa falta de concreción, para el Ministerio Fiscal, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica».

Ingesa

En su escrito, la Fiscalía alude asimismo a la declaración en sede judicial del ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «donde se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases».

Cabe recordar que Alfonso Jiménez Palacios es el que más irregularidades acumula entre los investigados por los contratos covid del Gobierno. Su firma avaló, por ejemplo, la compra en China de 3 millones de batas EPI con un sobrecoste de 47 millones de euros, o lo que es lo mismo, por un precio más de 4.000 veces superior a las adquiridas en España. Además, también suscribió la compra de 100 millones de pares de guantes por los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó a una empresa asiática 8.711.554,44 euros cuando dentro de nuestras fronteras el mismo producto era un 177% más barato. 

En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Fiscalía también las exime de cualquier tipo de responsabilidad.

Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Madrid concluye que existe una «falta total» de acreditación de los hechos y, por lo tanto, aprecia «la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados».

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