El Gobierno pagó 3,6 millones de más por comprar guantes en China un 177% más caros que los españoles

El ministro de Sanidad durante el inicio de la pandemia del COVID 19, Salvador Illa, pagó 3,6 millones de euros de sobrecoste por comprar guantes de nitrilo en China, en concreto un 177% más caros que los españoles. Así consta en la denuncia que presentó un particular en la Fiscalía Anticorrupción el 5 de mayo de 2020, cuatro meses después de la declaración del estado de Alarma, y que hacía referencia a 4 contratos de emergencia otorgados entonces por el ministerio de Sanidad.

Esta denuncia inicial es el origen de la querella presentada por VOX que se está todavía investigando por la Fiscalía Anticorrupción. Estos contratos investigados por Anticorrupción han provocado hasta el momento la imputación del Director General del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, de Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia y de Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Entre el 20 y 30 de marzo del 2020 cuatro empresas suministraron guantes de nitrilo al Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), encargado de proveer de material sanitario a las comunidades autónomas para su lucha contra la pandemia.  Medline International Iberia, una empresa nacional, vendió 5.840.000 pares de guantes al precio de 183.726,40, es decir 0,03146 euros el par. Otra empresa española, Suministros Hospitalarios, vendió al ministerio de Illa 173.000 pares de guantes al precio de 7.117,22 euros, lo que supuso un precio de 0,04114 euros. La tercera empresa española que ofertó este mismo tipo de material al ministerio fue Sanicen que vendió 4.735.000 pares al precio de 169.015,83 euros, a 0,03569 euros el par. Pero la compra definitiva de este material consistió en un pedido de 100 millones de pares que se hizo a la empresa china Hong Jin Medical Science and Tecnology Service Ltd. por 8.711.554,44 euros.

Ese precio pagado a la empresa asiática supuso una diferencia del 177% de sobreprecio respecto a la española Medline, un 211% más caros que los de Suministros Hospitalarios y un 244% mas que los de Sanicen. El denunciante hizo la media aritmética del precio de los guantes españoles y su valor era de 0,0361 euros el par, lo que significaba según su denuncia que «la malversación estimada» sería de 3,6 millones de euros.

A pesar del evidente sobrecoste la denuncia llegó a la Fiscalía del Tribunal Supremo porque dos de los denunciados eran aforados, el propio ministro de Sanidad y el presidente del Gobierno, el tercero, el presidente del Ingesa no lo es y por tanto el fiscal Navajas decretó respecto a los aforados el 20 de julio de 2020 «la paralización inmediata de cualquier iniciativa de investigación que pudiera adoptarse (…)».

Precisamente estos gastos son los que ahora están siendo investigados en la Fiscalía Anticorrupción tras la nueva querella presentada por VOX que ha imputado al Director General del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, de Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia y de Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, tres altos cargos socialistas.