La Fiscalía abre la puerta a ampliar la querella contra Illa a las fases 2 y 3 de la desescalada

La Fiscalía no se opone a que el Supremo admita la primera ampliación presentada sobre la querella contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por las órdenes de su departamento que regularon el desconfinamiento del estado de alarma. El Ministerio Público abre la vía para que la Sala Tercera del Alto Tribunal incluya en la causa todos los escritos complementarios presentados hasta la fecha por el abogado Curro Nicolau contra las decisiones ministeriales que autorizaron los paseos de los menores de edad y, posteriormente, fijaron las condiciones de cada una de las fases del Plan de desescalada diseñado por el Gobierno para la vuelta a la «nueva normalidad».

En un escrito presentado ante el Supremo, el fiscal Pedro Crespo reconoce la existencia efectiva «de una indiscutible conexión entre la disposición reglamentaria inicialmente impugnada» por Nicolau y las posteriores órdenes publicadas por el Ministerio de Sanidad. Una tesis con la que se desmarca de la postura mantenida por la Abogacía del Estado que rechaza, de plano, dicha posibilidad.

Tras conocer el sentido de la resolución de la Fiscalía, que admite incluir en el procedimiento la norma que reguló el paso a la fase 1, el abogado valenciano ya ha interpuesto una nueva petición a los magistrados de la Sala Tercera: que amplíen las investigaciones sobre las órdenes ministeriales en materia sanitaria a las fases 2 y 3. Así lo confirman, en exclusiva, fuentes judiciales a OKDIARIO.

Ampliación de la querella

«Todas las órdenes ministeriales citadas se han publicado con palmaria infracción de los derechos fundamentales» de los ciudadanos, asegura en su nuevo escrito el abogado Curro Nicolau, que pleitea en el Supremo contra el estado de alarma.

Para el letrado valenciano, «existe una conexión directa» entre la primera orden dictada por el departamento que lidera el socialista Salvador Illa -SND 370/2020- y las sucesivas normas que fijaron las condiciones para la salida del confinamiento: fase 1 -SND/414/2020-, fase 2 -la SND/445/2020-, y la fase 3 -SND/458/2020-.

Por ello, ha pedido a la Sala que admita la ampliación del recurso contencioso-administrativo que el Supremo mantiene abierto contra Illa por una presunta vulneración de varios derechos fundamentales de los españoles. Entre ellos, el de igualdad tras «discriminar» a los menores de 14 a 18 años en la orden sanitaria que autorizó las salidas de los niños, una vez el Gobierno autorizó el desconfinamiento.

La Abogacía, en contra

Por primera vez desde que el Tribunal Supremo admitió la causa del abogado valenciano que pleitea contra el estado de alarma y contra Salvador Illa con la querella la Fiscalía se desmarca de las tesis de la Abogacía del Estado, que está en contra de cualquier relación entre las normas cuestionadas.

Mientras el Ministerio Público, representado por el fiscal Pablo Crespo, ha manifestado su conformidad con la ampliación del recurso presentado contra la Orden de Sanidad de autorizar las salidas de los menores de edad -a las medidas contenidas en la de la fase 1- la Abogacía del Estado se opone a la misma porque considera que no existe «conexión directa» entre ambas.

En sendos escritos presentados por las instituciones públicas ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la abogada del Estado sostiene que es imposible defender la ampliación de un recurso «ya interpuesto a una disposición dictada con posterioridad al mismo para que se tramiten» de forma acumulada.

«No parece que pueda entenderse como conexión directa el hecho de que ambas órdenes formen parte del amplio y complejo conjunto de medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19″ -ni la causa que motivó la adopción de las mismas- sino «de su contenido concreto en relación con el de las pretensiones del recurrente», afirma en su pronunciamiento la letrada Belén Triana Reyes.

Para la abogada del Estado la norma ministerial inicialmente recurrida -Orden SND 399/2020- «se refiere a la circulación de la población infantil». En cambio, la segunda de las mismas – Orden SND 370/2020- «lo único que hace es permitir a las Comunidades Autónomas que flexibilicen el comienzo y el final de la franja horaria» en que la que podían salir los niños «sin modificar su duración», fijada en la primera de ambas.

Por ello, ha solicitado a los magistrados del Supremo que rechacen la ampliación del recurso en marcha a la orden de Illa que flexibilizó «determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad».