El fiscal sobrino de un juez afín al PSOE pide que se archive la querella del novio de Ayuso

El fiscal de Extremadura encargado del caso abierto por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el archivo de la querella de Alberto González Amador. Este representante del Ministerio Público que, como ha publicado OKDIARIO, es sobrino directo de un juez aupado por el PSOE ha acusado al juez Francisco José Goyena de adoptar el relato del querellante y llevar a cabo una instrucción «sesgada» y «prospectiva» que atribuye sin pruebas la filtración a la Fiscalía, a pesar de que «múltiples personas» tuvieron acceso a la información varios días antes de la publicación de la nota aclaratoria de la Fiscalía.

Javier Montero Juanes critica que el juez no investigue al entorno de Ayuso, responsable, según dice, de filtrar inicialmente los correos electrónicos, y defiende que la nota de prensa del Ministerio Público se limitó a «desmentir un bulo» y a ofrecer «información veraz» sin revelar ningún secreto. Según el fiscal, el decanato de los juzgados de Madrid, la Agencia Tributaria, 16 fiscales y funcionarios, y varios medios de comunicación tuvieron acceso a la denuncia y a la cadena de correos antes de que se publicaran el comunicado de la Fiscalía de Madrid.

Montero subraya que estos hechos no han sido considerados por el juez, al que critica por asumir que ha habido una «violación de seguridad» en la Fiscalía. Además, el fiscal en encargado de la querella del novio de Ayuso defiende que la información sobre las negociaciones del acuerdo de conformidad ya había sido revelada por los medios mencionados, por lo que no se reveló ningún secreto. Se apoya en sentencias previas del Tribunal Supremo en situaciones similares.

En su escrito la Fiscalía insiste en que el máximo responsable de la nota de prensa de la polémica es García Ortiz. El propio fiscal general se autoinculpó en un discurso en la sede central de la Fiscalía como la persona que dio el visto bueno final al texto que, según González Amador, reveló secretos de su expediente.

Choque en la Fiscalía

El fiscal extremeño insiste en la línea trazada por la junta de fiscales de sala con mayoría afín al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aunque la fiscal inicialmente encargada del caso, María de la O Silva, consideraba que sí había que abrir el procedimiento judicial, la cúpula fiscal consideró finalmente que había que corregir a Silva y lo correcto era no realizar ninguna diligencia judicial. Sin embargo, el TSJM, en un auto firmado por su presidente, Celso Rodríguez, concluyó que sí había indicios para abrir el caso.

En ese momento la Fiscalía de Madrid pedía el archivo, al no apreciar delito, de la querella interpuesta por Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Junto a la querella de la pareja de Ayuso estaba la interpuesta por el Colegio de la Abogacía de Madrid. Las dos causas han quedado acumuladas en el TJSM en una sola.

La Fiscalía argumenta que la nota aclaratoria «se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin desvelar datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación y ante la demanda de corroboración de las noticias publicadas». «Carece de relevancia jurídico penal como para proceder a la apertura de un procedimiento penal», agregaban. Por el contrario, en caso de hacerlo, «supondría la apertura de una investigación criminal de todo punto prospectiva, vedada por nuestro ordenamiento jurídico».

Apuntaban que «las dudas acerca del recto proceder del Ministerio Fiscal deslizadas, además de por distintos medios de comunicación, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y su director de gabinete, aconsejaban trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido, ofreciendo datos objetivos que despejaran cualquier sombra de duda a propósito de la actuación desarrollada por el Ministerio Fiscal».

Así, el Ministerio Fiscal considera que «diversos medios de comunicación ya habían publicado previamente su contenido», algunos de forma «parcial y tergiversada». Insisten en que que «no existe ni un solo indicio de que los querellados divulgasen indebidamente» datos reservados, sino que todo era «de público conocimiento y noticiable».

Además, en todo caso, la Fiscalía sostiene que «estos datos no reúnen un mínimo grado de lesividad» porque «en nada perjudicaba al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, ni al querellante, que tales datos fueran conocidos».