Marlaska lleva más de dos años dando largas a más medidas para proteger a las víctimas de ETA

En julio de 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una reforma de la Ley 29/2011 para incluir más medidas de protección a las víctimas de ETA. En su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, Marlaska anunció una propuesta para modificar dicha ley. «En 2018 cumple siete años de vigencia, por lo que se considera que es el momento adecuado para realizar un balance y evolución de su aplicación y proceder a modificarla, mejorando así los derechos de las víctimas con su consenso», expuso el ministro. Más de dos años después, las asociaciones de víctimas esperan aún respuesta a sus propuestas, modificaciones y alegaciones.

Marlaska volvió a reiterar los planes de su departamento este año, un mes después de la investidura de Pedro Sánchez. En su comparecencia, reiteró su compromiso con «reforzar el reconocimiento a las víctimas del terrorismo», reformando la ley «para introducir mejoras económicas, derechos a la justicia y protección psicosocial, así como el desarrollo de diversos programas educativos y de apoyo a la memoria».

El ministro, además, se jactó de que, en los meses de su mandato, se había guiado por «la búsqueda constante del consenso para que las víctimas del terrorismo tengan el reconocimiento y consideración que merecen y permitan, a través de sus asociaciones, mantener la memoria». «Porque memoria democrática también es el reconocimiento a las víctimas del terrorismo», añadió Marlaska.

El pasado 8 de septiembre, el Gobierno reiteró su plan para acometer la reforma de la ley de víctimas del terrorismo «que profundiza en la mejora de sus derechos».

Beneficios a etarras

En este tiempo, sin embargo, las víctimas han visto cómo el Gobierno cedía a las ambiciones de Bildu, partido que se ha convertido en socio prioritario en las negociaciones de los Presupuestos.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha acelerado su política de acercamiento de presos, una reivindicación histórica de la formación de Arnaldo Otegi.

Los últimos se conocieron este jueves, el mismo día en que Bildu votaba a favor de las cuentas del Estado en el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Anteriormente, la formación ya apoyó el trámite de las enmiendas a la totalidad.

Entre los últimos etarras acercados está un histórico de la banda, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, ex miembro del comando Madrid y máximo responsable de los comandos de liberados de ETA.

El historial del sanguinario etarra incluye, entre otras acciones, el asesinato del concejal socialista Fernando Múgica. También se le atribuye la autoría del atentado con un coche bomba en Madrid en el que resultó mutilada Irene Villa, y la orden para el atentado frustrado contra el Rey Juan Carlos, además del secuestro de Ortega Lara.

Este jueves también se acercó al etarra Guillermo Merino quien formó parte del comando que siguió al entonces concejal del PP por Amurrio Santiago Abascal. Otro de los trasladados es Joanes Larretxea, condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del edil socialista de Arrasate Isaías Carrasco. Entre sus acciones está también intentar una matanza de ertzainas en 2009 al colocar una bomba trampa en un repetidor de Hernani.

Desde que Arnaldo Otegi anunció el pasado 11 de noviembre la disposición de su partido a apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez, el Gobierno ha acercado a 17 etarras. 

Ese mismo día, de hecho, Interior acercaba a cinco terroristas. Entre ellos, dos condenados por el asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García. Se trataba de Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea. El primero, condenado a 30 años de cárcel como responsable de aquellos asesinatos.

En marzo de este año, el ministro Marlaska se comprometió con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a estudiar las vías para impedir que sigan celebrándose homenajes a terroristas.

El colectivo se quejó en el encuentro de la «total impunidad en las calles del País Vasco y Navarra». Dentro de ese compromiso, según la AVT, se incluiría la posibilidad de que en la Ley de 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas se «impongan sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de actos que humillan a las víctimas del terrorismo». Marlaska también aseguró que no contemplaba que se llevase a cabo un acercamiento en bloque de presos de ETA.

Recientemente, sin embargo, el PSOE rechazó una iniciativa de Vox en el Congreso para impedir esos homenajes. En el último año los actos de enaltecimiento de ETA y de culto a sus asesinos se han duplicado, según los datos del Observatorio de la Radicalización, que publica el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).

Hasta octubre de este año, se han contabilizado ya 173 actos de apoyo a la violencia etarra. Entre ellos, 16 homenajes a miembros de ETA, 77 pintadas y pancartas a favor de la banda y 59 manifestaciones por la excarcelación de presos etarras. En 2019, hasta ese mismo mes, se habían registrado 91 actos de este tipo.