‘Expertos’ elegidos por el Gobierno vasco decidirán sobre la reinserción de los etarras

El Gobierno vasco ha recibido este lunes el traspaso de la competencia de Prisiones, que será plenamente efectivo el próximo 1 de octubre. El PNV podrá aplicar ahora su modelo penitenciario, cuya columna vertebral ya quedó plasmada en el documento Hitzeman, de 2014. En él se expone claramente su vocación por aligerar las condenas a los presos etarras, que podrán acceder a una reinserción ‘a la carta’ sin pedir perdón a las víctimas. Ese programa de reinserción estará supervisado por una comisión de perfil político, constituida por el propio Gobierno vasco.

Se denomina «Comisión Gestora» y estará compuesta «por un grupo de personalidades de trayectoria plural, multidisciplinar y reconocida».

«Una vez la persona presa se haya inscrito en el Programa Hitzeman, esta Comisión Gestora propondrá, en diálogo con ésta y su entorno familiar, un itinerario, un contenido y un programa de trabajo adaptado a la realidad de su caso, en base a un cuadro de criterios previamente establecidos», se puede leer en el documento en cuestión. «A partir de ese momento, la persona presa que decida incorporarse a alguno de estos recorridos contará con el apoyo de la institución o entidad que patrocina ese itinerario, y una persona de la misma será la responsable de su seguimiento».

La Comisión Gestora analizará «el recorrido y las conclusiones» del programa seguido por el preso y emitirá un dictamen favorable o desfavorable al proceso de reintegración social. Finalmente, «el Gobierno vasco convalidará esta certificación y dará traslado de la misma ante las instituciones competentes».

Sin pedir perdón

El plan contempla «cuatro itinerarios de contribución a la paz y a la convivencia cuya asunción satisfactoria por parte de personas presas condenadas por delitos de terrorismo facilite o, en su caso, agilice el informe favorable a los procesos de reintegración social».

Así, podrán elegir entre desarrollar la «colaboración» con universidades e instituciones académicas, con organizaciones de la sociedad civil, con ayuntamientos o bien con otras instituciones o con «proyectos concretos de solidaridad».

A los presos sólo se les exige que «asuman la responsabilidad del presente y el futuro sobre la base de una reflexión crítica del pasado». En ningún momento se menciona la petición de perdón a las víctimas.

El Gobierno vasco defiende que el programa que pretende aplicar a los etarras «se entronca en el espíritu y contenido del principio de reinserción que la Constitución española consagra». «Según su artículo 25.2, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y resocialización de las personas presas. Esta explicitación constitucional cobra un valor y relevancia especialmente destacado en un contexto de cese definitivo del terrorismo de ETA, puesto que esta circunstancia implica la desaparición de la amenaza de reincidencia en ese tipo de delitos», añade.

«En consecuencia, las condiciones sociopolíticas para desplegar políticas tendentes a la reinserción son propicias. No solo eso, a ello debe añadirse la incidencia netamente positiva que una política penitenciaria legal, consensuada y orientada a la resocialización puede tener en la normalización social de la convivencia».

Entre sus objetivos figura «articular un proceso de acercamiento de los/as presos/as a cárceles próximas a sus lugares de residencia porque así lo establece la legislación penitenciaria» (según la Asociación de Víctimas del Terrorismo sólo una decena de presos permanece aún alejado de sus lugares de origen); «aplicar con normalidad e igualdad de trato los beneficios penitenciarios ordinarios que por derecho corresponden a los/as presos/as», «dar continuidad a procesos como los Talleres de Convivencia y los Encuentros Restaurativos en línea con lo que dicta, en este sentido, la reciente Directiva Europea de Víctimas», «establecer soluciones humanitarias para los/as presos/as enfermos/as» y «aplicar, en base el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, medidas legales para abordar la situación de aquellas personas presas cuyas condenas están relacionados con actividades políticas, antes ilegalizadas, y ahora normalizadas».

«Una deuda»

El ministro de Política Territorial Miquel Iceta ha defendido el traspaso de las competencias penitenciarias, pese a las críticas de las víctimas.

«Es una cuestión trascendente, pendiente desde hace muchos años y que viene a cumplir y saldar una deuda», ha señalado Iceta.

Con el traspaso, el País Vasco asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Guipúzcoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos.