ETA

Marlaska defiende los beneficios a los etarras contra el criterio de la cárcel: «Es nuestra competencia»

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El pasado 22 de abril, el secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz admitió en el Congreso de los Diputados que Interior había autorizado 146 beneficios penitenciarios a presos etarras pese al rechazo de las juntas de tratamiento de las cárceles; preguntado por este asunto, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska defiende, a través del Portal de Transparencia, que es su «competencia» decidir qué trato se le da a los encarcelados, lo que implica despreciar el criterio de la prisión.

En la resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Interior argumenta lo siguiente: «La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, centro directivo competente a efectos de resolver las propuestas de las Juntas de Tratamiento y los recursos de los internos interesando resolución definitiva, no puede ser un mero tramitador de las decisiones de los órganos inferiores. Carecería de sentido que el órgano a quien corresponde la competencia y quien tiene atribuida la “organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley”, en terminología del artículo 79 LOGP, no tuviera la capacidad de tomar decisiones examinando los factores valorados por las Juntas de Tratamiento, siempre con criterios técnicos».

No da razones

En la pregunta se solicitaban, en concreto, «los informes del Ministerio del Interior para conceder dichos beneficios», así como las razones para ello pese a contar «con el criterio en contra de las juntas de tratamiento».

Interior se limita a responder que «como bien es sabido, el traslado de centro penitenciario no es un beneficio penitenciario. Es una decisión que se adopta en el marco de un procedimiento de clasificación, acordándose el destino más adecuado para el buen éxito del tratamiento, y que, evidentemente, no es posible exponer en cada caso por elementales razones de privacidad y protección de datos personales».

De esta forma, Grande-Marlaska rechaza informar de los criterios que ha tenido en cuenta para el acercamiento de decenas de etarras, muchos con delitos de sangre. El Ministerio también alega que «las decisiones en materia de clasificación y determinación de centro penitenciario de destino de todos los internos se adoptan conforme al principio de individualización científica».

Y añade que: «La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento».

275 muertos

Como es habitual cada semana, el Ministerio del Interior de Marlaska ha autorizado este viernes otros dos acercamientos de presos etarras.

Con ellos son ya 182 los etarras trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra. De ellos, 83 tienen delitos de sangre y son autores de 196 atentados que han provocado 275 víctimas mortales. 

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) destacan que «sin ninguna duda, el señor Sánchez va a pasar a la historia como el presidente del Gobierno que acercó a todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra».

«Ya sólo quedan 10 etarras por ser trasladados para dar por aniquilada la política de dispersión», subrayan.

Las víctimas piden explicaciones sobre «por qué se traslada a terroristas que no colaboran con la justicia ni muestran un ápice de arrepentimiento».  «Necesitamos que alguien nos explique por qué a este Gobierno le interesa más el bienestar de estos terroristas, de estos verdugos, que el de las víctimas del terrorismo», añaden.

«Está claro que la derogación de la política de dispersión tiene un claro objetivo: acumular a todos estos terroristas en las prisiones vascas para que queden bajo la tutela del gobierno vasco cuando se materialice el traspaso de las competencias de prisiones a esta comunidad. No se olviden, no los quieren cerca, los quieren libres», sostienen desde la AVT.

El ritmo de acercamiento de etarras se ha incrementado en los últimos meses, especialmente desde que Sánchez convirtió a Bildu en un actor legitimado para sus pactos, como ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado.

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