Esta es la lista de los 65 países «de riesgo» a los que España exigirá una PCR negativa

El Gobierno de Pedro Sánchez va a imponer medidas de control más drásticas en los aeropuertos españoles. Entre ellas, un test diagnóstico PCR negativo en origen, 72 horas antes de la llegada, para todos aquellos viajeros que aterricen en España procedentes de zonas de riesgo a partir del próximo 23 de noviembre.

El anuncio se produce cuatro meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se lo exigiera a Sánchez y tras múltiples peticiones por parte de la Comunidad de Madrid. La medida llega de nuevo tarde. En concreto, España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países que tengan una prueba de PCR negativa.

La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desgranó este miércoles desde Moncloa recoge cuáles serán los países afectados, entre los que se incluye EEUU, Alemania o Francia.

Esta medida se suma a los controles sanitarios que ya se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, entre lo que se encuentra el control de temperatura y el control visual. Hasta ahora ineficaces ya que España registra 4.327 casos importados.

De este modo, la novedad es que dentro del Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país se recogerá a partir de ahora una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.

El listado de países o zonas de riesgo así como los criterios
empleados para su definición serán revisados cada quince días. Por el momento, la lista de países europeos la componen:

• Alemania
• Austria
• Bélgica
• Bulgaria
• Chequia
• Chipre
• Croacia
• Croacia
• Dinamarca (excepto las Islas Faroe y Greenland)
• Eslovenia
• Eslovaquia
• Estonia
• Francia
• Grecia (excepto las regiones de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada y Sterea Ellada)
• Hungría
• Irlanda
• Islandia
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta
• Noruega
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal (excepto la región autónoma de las Isla Azores)
• Rumanía
• Suecia
• Liechtenstein

En cuanto a la lista de países terceros, Sanidad ha incluido a aquellos territorios que cuentan con una incidencia acumulada superior a 150 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días:

• Albania
• Andorra
• Argentina
• Armenia
  Aruba
• Bahréin
• Belice
• Bosnia
• Herzegovina
• Cabo Verde
• Colombia
• Costa Rica
• Emiratos Árabes Unidos
• Estados Unidos
• Rusia
• Georgia
• Gibraltar
• Guam
• Jordania
• Kuwait
• Líbano
• Libia

El listado lo completan Macedonia del Norte, Marruecos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Palestina, Panamá, Polinesia Francesa, Puerto Rico,
Reino Unido, San Marino, San Martín, Serbia, Suiza, Túnez y Ucrania.

Sánchez llega tarde

El Gobierno ha acabado cediendo a las peticiones de las comunidades autónomas -especialmente la Comunidad de Madrid- y exigirá test PCR a todos los viajeros internacionales que lleguen desde países de riesgo, a partir del próximo 23 de noviembre.

Se trata de una medida no sólo reclamada por las regiones, sino por el propio sector turístico, ya que supone una garantía para la imagen de España. Pese a ello, el Ejecutivo se ha resistido hasta ahora, sin más justificación que considerar suficientes las medidas aplicadas, que únicamente consisten en un formulario, una medición de la temperatura y un «control visual».

Los datos, en cambio, evidencian la doble vara de medir del Ejecutivo, cuyas medidas sí tienen un impacto drástico, por ejemplo, en la hostelería. Según los propios datos del Ministerio de Sanidad, desde el 11 de mayo se han contabilizado 4.327 casos importados de otro país. Mientras, el departamento de Salvador Illa computa 2.280 contagios en bares y restaurantes.

En este último caso, el registro data del fin de la desescalada, y Sanidad matiza que se trata de los casos que han podido ser asociados a brotes. Sin embargo, la comparativa sí resulta reveladora de la ambigüedad de criterios seguidos por el Ejecutivo para adoptar unas u otras medidas para contener la propagación del virus.

Sanidad únicamente ha podido demostrar esos 2.000 casos vinculados a brotes en la hostelería, uno de los sectores más dañados por la crisis económica derivada de la pandemia. Medidas como el toque de queda y las restricciones de movilidad decretadas en el estado de alarma han sido la última puntilla.