Una enmienda del PSOE a la ley de Seguridad deja sin castigo barricadas como las de los taxistas

Así se desprende de las enmiendas que presentó el PSOE a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP. Actualmente, la ponencia encargada de analizar esta reforma -planteada a través de una proposición de ley del PNV- se encuentra en la fase de debate del articulado y de las más de 200 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

Este miércoles, y en una nueva jornada de la huelga de taxis, los conductores han cortado la M-40 en ambos sentidos y han bloqueado la mayoría de accesos a IFEMA, donde se celebra la feria FITUR, lo que ha obligado a los Reyes a acceder por un lateral del recinto. En Madrid, las protestas han resultado violentas, con lanzamiento de objetos a policías y cargas por parte de los antidisturbios. Entre otras acciones, los taxistas han bloqueado también salidas de Metro y han intentado romper el cordón de seguridad en el recinto ferial.

Barricadas y manifestaciones 

En sus enmiendas, el PSOE propone  suprimir las sanciones a las barricadas, una de las acciones violentas de protesta más frecuentes, eliminando, en concreto, el apartado tercero del artículo 36 de la ley actual que castiga como infracción grave (multa de entre 601 y 30.000 euros) la «obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos».

En otra enmienda, los socialistas proponen también despenalizar las manifestaciones espontáneas, aunque no se hayan comunicado previamente a la autoridad correspondiente. «No constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta», argumenta el Ejecutivo. Después matiza: “Siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante”.

Esta enmienda va en contra de la propia Constitución, ya que el artículo 21.2 de la Carta Magna, si bien reconoce «el derecho de reunión pacífica y sin armas» y precisa que éste «no necesitará autorización previa» añade la obligación de «dar comunicación previa a la autoridad» en «reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones».

«Desalentar la protesta social»

El PSOE llegó a presentar su propia proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero acabó renunciando a su texto en favor del de los nacionalistas vascos, que es sobre el que ahora trabaja el Congreso.

En el debate de su iniciativa, el diputado del PSOE, Antonio Trevín, opinó que su aprobación «supondrá la necesaria abolición de la posibilidad de sancionar a los participantes pacíficos en manifestaciones, la sanción por manifestarse ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas, las sanciones por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de estas imágenes, la consideración de infracción de la ocupación temporal de la vía pública, los registros personales en lugares públicos, tal y como son concebidos por la nueva ley, y otras infracciones por la falta de respeto o consideración a miembros de las fuerzas de seguridad o las que les atribuyen facultades excesivas de intervención desplazando las garantías judiciales».

La eliminación de las sanciones que puedan «desalentar la protesta social» figura también en el acuerdo de Presupuestos firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En el texto, ambos se muestran contrarios a «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión» y defienden una «revisión en profundidad de los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión». 

El acuerdo recogía también la revisión en el Código Penal de «aquellos tipos que tienen una hiperregulacion tras las reformas legislativas introducidas por el PP», con referencia concreta al 315. 

Se trata del artículo que establece como delito las coacciones en caso de huelga. Es decir, los piquetes, sancionados en el Código Penal con hasta tres años de cárcel.