'Caso de las mascarillas'

El empresario que vendió las mascarillas a Medina y Luceño declara que «los documentos no son falsos»

Luis Medina

San Chin Choon, el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, la empresa malaya en el centro de la supuesta estafa de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid en el llamado caso de las mascarillas, ha remitido al juez Adolfo Carretero un documento en el que contesta a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción. En el interrogatorio, el empresario malayo reconoce que él mismo o representantes de su empresa firmaron todos los documentos. Este testigo clave reconoce la veracidad de los mismo y, según fuentes judiciales, de este modo, se desvanece la acusación de falsedad documental que el Ministerio Público imputa a los investigados Luceño y Medina.

Anticorrupción investiga la veracidad de los contratos y documentos con la firma del malayo, quien en principio pagó las comisiones a los empresarios españoles Luceño y Medina. En la comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía pregunta a San Chin Choon si ha firmado los documentos que obran en la causa. El malayo responde tajante: «Yo he firmado todos los documentos». Y añade que existen varias firmas en la compañía y todas corresponde a la empresa. «Por ejemplo una que yo les adjunto a continuación. Una es la firma original que uso en los contratos y la otra es una firma con sello que generalmente uso para otros documentos como NCNDA, IMPFA, LOI, ICPO… etc.», asevera.

Interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción al empresario malayo en el 'caso de las mascarillas'.
Interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción al empresario malayo en el ‘caso de las mascarillas’.

En todo momento, el testigo reconoce a Luceño y Medina como agentes exclusivos de Leno. Y explica que algunos documentos se firmaron en 2018 puesto que su relación comercial con Luceño comenzó hace algunos años, antes de la pandemia provocada por la Covid-19, tras firmar una operación de venta de productos cárnicos. Otros documentos esenciales para la operación de venta de material sanitario al consistorio madrileño, explica, se firmaron «a través del agente Chang Beng, quien fue el canalizador de la documentación entrante y saliente para ambas partes». Por ejemplo, añade, «los contratos fueron enviados al Sr. Alberto Luceño, él me los envió firmados, yo también los firmé y se los devolí al Sr. Chang Beng quien se los remitió nuevamente al Sr.Luceño y así sucesivamente en todos los casos».

Agentes exclusivos

El Ministerio Público incide en el papel de agentes externos del empresario Luceño y Medina. «¿Es cierto que Luceño y Medina Abascal han sido los agentes exclusivos de Leno Sdn Bhd para la importación de productos sanitarios de los mercados asiáticos desde septiembre de 2018 (documento adjunto No.9?», pregunta la Fiscalía.

El director ejecutivo de Leno Sdn Bhd no alberga dudas al respecto y responde: «Sí, es cierto que el Sr. Alberto Luceño es agente exclusivo junto al Sr. Chang Beng desde agosto de 2018. Momento en el que tuvimos una reunión para trabajar internacionalmente con productos como pollo, cerdo, carne de res, cordero, azúcar, leche, aceite, productos sanitarios, soja, etc.». Añade: «También es cierto que he nombrado agente al señor Luis Medina, pero no en la fecha que aparece, porque al utilizar un borrador, nos olvidamos de actualizarla».

La Fiscalía Anticorrupción libró una comisión rogatoria amparada en el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmado tanto por España como por Malasia, en la que pedía a las autoridades de este país que interrogaran como testigo a Chin Choon. El interrogatorio debía comenzar por comprobar si, efectivamente, esta persona conoce a Luceño y Medina, para profundizar después en la comprobación de toda la operación.

La solicitud era urgente, pero el interrogatorio nunca llegó a España. Ahora, San Chin Choon explica que respondió a dichas preguntas en tiempo y forma. Sin embargo, las autoridades malayas no enviaron las respuestas a las españolas. Por este motivo, el testigo remite dicho cuestionario elaborado por la Fiscalía al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

‘Caso de las mascarillas’

Durante las primeras semanas de la pandemia, en las que el Gobierno decretó el estado de alarma, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China», según alegó la Fiscalía.

Luceño se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya Leno, a través de la cual se iba a realizar la importación». También, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Pero para la Fiscalía, «en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista».

En las operaciones, según señala la querella, Luis Medina y Alberto Luceño inflaron artificialmente el precio de las mascarillas en un 148% de su valor real para obtener de esta manera un beneficio neto 4.000.000 dólares. En el caso de los guantes de nitrilo, que se vendieron a un 426% del precio real del producto, los presuntos estafadores aseguraron que se trataba de «guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo». Sin embargo, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran guantes de «ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca».

Sin embargo, el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd asegura en esta declaración, que revela OKDIARIO, que sí eran agentes exclusivos de su empresa y ha añadido que el precio por el que se vendieron dichos productos no hubiese variado sin los agentes Luceño y Medina no hubiesen intervenido. Dicho trabajo, explica, es un coste que asume la empresa malaya puesto que «sin la intermediación de estos profesionales no habría sido posible la operación».

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