Egea admitió ante la dirección del PP que la acusación a Ayuso se basaba en «indicios, no en pruebas»

Teodoro García Egea tuvo que dar una dura argumentación en el comité de dirección del PP: la de que el ataque a Isabel Díaz Ayuso se basaba en “indicios” y “no en pruebas”. La exigencia de razones fue generalizada. Y la explicación fue radicalmente insuficiente a ojos de los asistentes. Pablo Casado acusó al hermano de Isabel Díaz Ayuso de haber obtenido 286.000 euros gracias al contrato de mascarillas de Priviete Sportive con la Comunidad de Madrid.

Nunca se llegó a presentar documento alguno que lo acreditase. Es más, la presidenta madrileña sí presentó un documento acreditativo de que ese importe se limitaba a 55.850 euros y que nunca fue en concepto de comisión, sino por los costes logísticos de encontrar las mascarillas y traerlas a España desde China.

Pero Casado insistió en que le había llegado información “con datos fiscales y bancarios” que acreditaba ese pago al hermano, Tomás Díaz Ayuso.
Lo cierto es que el comité de dirección del PP celebrado el lunes pidió aclaraciones sobre este asunto. Quería saber si, efectivamente, las acusaciones se sustentaban en pruebas o indicios.

Sin pruebas contra Ayuso

La respuesta de Egea fue la de que se trataba de “indicios”. Nunca tuvieron una prueba con la que cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pese a ello, se salió a los medios a divulgar la acusación.
La confirmación de esa asunción por parte de los asistentes generó una inmensa sensación de incredulidad.

La misma que ha debido tener la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero en el mismo decreto de incoación el Ministerio Público reconoce que los hechos carecen de «indicios razonablemente verosímiles».

«Las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que esta aforada Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», ha subrayado Alejandro Luzón en ese escrito.

La Fiscalía reconoce, de hecho, que los indicios contra Díaz Ayuso no son sólidos. Y se refiere a la argumentación que Génova deslizó, que es la misma que han aportado los partidos de la oposición madrileña.
Pese a ello, el Ministerio Público sustenta la apertura de diligencias en “el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».