Dos obispos se desmarcan del Episcopado y critican la regularización masiva de inmigrantes: «Todos no caben»

Dos obispos han expresado públicamente su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno aprobó el martes pasado en un decretazo por el que no pasará por el Congreso. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, muestran así su opinión contraria a la Conferencia Episcopal, que ha celebrado el inicio del proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares.

Los obispos Sanz y Munilla argumentan contra el decretazo que regulariza inmigrantes que no es posible acoger a todo el mundo y reclaman que un asunto de esta trascendencia se discuta en el Congreso, incorporando todos los matices necesarios.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha manifestado que España no puede recibir a todos los inmigrantes y ha abogado por adoptar políticas realistas y prudentes, en lugar de opciones que califica de populistas o demagógicas. En un mensaje difundido en su cuenta de X este jueves, recordó el mandato evangélico: «Fui extranjero y me acogisteis» (Mt 25), subrayando que los inmigrantes merecen una acogida generosa y agradecida.

Sin embargo, planteó la pregunta clave: «¿cuántos podemos integrar realmente?». A su juicio, «todos no caben, por lo que hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan».

De manera similar, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha acusado al Ejecutivo de emplear a los inmigrantes como herramienta de negociación política. Propone que la cuestión se trate en el Parlamento para permitir un debate completo y matizado.

En su publicación en X, Munilla lanzó un acertijo: «Acertijo: Adivina, adivinanza: ¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el ‘decreto ómnibus’ a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y Podemos?».

Él mismo responde que «ambas son estrategias para conseguir otros fines» y denuncia que «esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio» de los «gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio».

Además, apunta que «en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a los jubilados como a la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente» y rechaza «la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano» en EEUU.

Si bien, considera que, al abordar cuestiones de «tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes».

Estas opiniones contrastan con la posición mostrada el mismo martes por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien ha recibido con satisfacción el decretazo del Gobierno sanchista y la ha calificado como un reconocimiento explícito de la dignidad humana y una oportunidad para contribuir al bien común.

Argüello se ha congratulado especialmente con la medida porque «muchas personas que ya trabajaban en el país, pero no podían cotizar ni aportar impuestos, podrán ahora iniciar su regularización». Aun así, señaló que esta solución podría haberse adoptado meses antes y que su aprobación ahora responde a un contexto de oportunidad política.