El diputado del PP Alberto Casero deja el escaño tras ser procesado por el Supremo

Alberto Casero ha comunicado a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que renuncia al acta de diputado para «evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido», según han informado fuentes del Grupo Parlamentario Popular. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya procesado a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. Las mismas fuentes también han revelado que esta decisión la ha adoptado el propio Casero de manera voluntaria, «antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor».

Ahora bien, este viernes el propio Casero ya había solicitado de motu propio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido después de conocer la decisión del alto tribunal. Fue en marzo de 2022 cuando el Supremo decidió abrir causa contra Casero después de que el juzgado de Trujillo se inhibiera a su favor. Entonces, en ocho folios, el tribunal repasaba la exposición razonada del juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero -cuando era alcalde de la localidad- con terceros.

Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

Cabe decir que la renuncia al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, cabe esperar que el procedimiento regrese a los juzgados competentes en esta causa que con los de la localidad de Trujillo (Extremadura), donde se inició la investigación.