Díaz copia el argumentario de la dictadura comunista cubana con el tope al precio de los alimentos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, insiste en sacar adelante su plan para topar los precios de alimentos básicos, como el pan, la leche, la fruta o los huevos. Una iniciativa que ya ha encontrado oposición entre los productores y comercializadores. Díaz defiende que sería un acuerdo entre los consumidores y estos sectores involucrados, inspirándose en algo que «ya hizo Francia con Nicolás Sarkozy». Sin embargo, oculta que la inspiración más clara es la medida que el Partido Comunista de Cuba impuso en el 2021, cuando la inflación asolaba los mercados de la isla. De hecho, el argumentario de la vicepresidenta y el del Comité Central comunista de La Habana es prácticamente idéntico.

Así anunció Díaz, tras el Consejo de Ministros de este martes, su plan de topar precios: «Se trata de llegar a un acuerdo de precios máximos con las distribuidoras de alimentación. Estamos estudiando medidas que son legales, como en Francia, las estamos valorando. Estamos hablando de un acuerdo». Tan sólo un día antes, a las puertas del Congreso de los Diputados, Díaz ya había incoado las líneas básicas de su plan: «Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 y 30, que le garanticemos a la ciudadanía».

La inspiración de esta medida por parte de Díaz, que hace años no tenía problemas en identificarse como castrista, hay que encontrarla en Cuba. Allí, en 2021, el Comité Central del Partido Comunista cubano aprobó establecer un «tope» a una lista de una treintena de alimentos básicos especialmente afectados por la inflación. De esa manera, el kilo de plátanos quedó fijado a 12 pesos cubanos, la yuca a 7, la calabaza a 6 o el tomate -producto especialmente escaso en la Cuba comunista-a 30 pesos.

Modelo cubano

Así vendió la medida el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, heredero de los sátrapas hermanos Castro: «Hay dos medidas que son indispensables a cometer de inmediato, que son, ir a una discusión política con todos los productores y comercializadores, y convencerlos de la necesidad de, en las circunstancias actuales, renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o ganancia particular o colectiva, en función de bajar precios y que la población tenga precios más asequibles».

El plan auspiciado por la élite comunista cubana, como no podía ser de otra manera, salió adelante. El acuerdo con productores y comercializaciones fue, básicamente, una imposición. Paralelamente, el estado cubano reforzó su red de inspectores para controlar que nadie se saliese del tope de precios.

Las continuas inspecciones a los comercios derivaron en grandes multas a pequeños comerciantes, y una parte importante de los productos salió de los viales de los supermercados rumbo hacia el mercado negro. En Cuba, la escasa prensa crítica señaló el hecho de que el Gobierno no renunciase a su margen de ganancia vía impuestos a estos productos básicos. Algo que el plan de Díaz tampoco contempla con una bajada de tipos del IVA, como le reclaman productores y comercializadores.

Oposición

El sector de la agricultura y ganadería denuncia que lleva meses agonizando por los altos costes de producción. Además, la situación se ha complicado aún más con la grave sequía que atraviesa España. Por ello, advierten de que sólo aguantarán «si suben los precios» porque ya no pueden «asumir más sobrecostes», explican a OKDIARIO fuentes de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Por su parte, la organización agraria Asaja considera que limitar los precios de algunos alimentos básicos castigará a los productores. En concreto, su presidente, Pedro Barato, ha criticado los «caprichos y egoísmos personales» de Díaz, al considerar que «van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agro».

Además, Díaz ha preferido no valorar la opinión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre este asunto. Esto se debe a que Planas está en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable».