Ayuso eleva hasta los 1.200 € anuales la deducción por alquiler de vivienda de los jóvenes

Isabel Díaz Ayuso anuncia hoy una rebaja del IRPF de 300 millones de euros para los madrileños. Pero la rebaja, además, tendrá especial atención hacia los jóvenes que se emancipan. Por ello, elevará hasta los 1.200 euros anuales la deducción por alquiler de vivienda de los jóvenes. De ese modo, el objetivo de la reforma de Díaz Ayuso será que los jóvenes madrileños que vivan de alquiler puedan deducirse en el IRPF un 20% más del límite actual.

De esta forma, se podrán beneficiar de este incremento los contribuyentes jóvenes menores  de 35 años (o de hasta 40 cuando tengan obligaciones familiares o estén en el paro) cuya base imponible no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 en conjunta. Esta iniciativa, para la que se invertirán 10 millones de euros, afectará a cerca de 50.000 contribuyentes.

Subida fiscal del Gobierno de Sánchez

Frente a este plan de rebaja fiscal hay que recordar que el Gobierno diseña todo un plan de subida de impuestos ante los atentos ojos de Bruselas. De este modo, el golpe fiscal que ha comprometido Pedro Sánchez en la UE no se limitará a los peajes, tributos ecológicos o impuestos sobre los vuelos, tal y como afirma la versión oficial. La subida que prepara el Gobierno será global y afectará a la totalidad de contribuyentes porque, en caso contrario, será imposible alcanzar el compromiso de subida de impuestos que reconoce el propio Ejecutivo socialcomunista en su documento remitido a la Comisión Europea. Y es que ese compromiso oficial asciende a 7 puntos del PIB. Es decir, casi 80.000 millones de euros en incremento de impuestos. Un impacto equivalente a casi todo un nuevo IRPF pagado por todos los españoles a lo largo de todo un año. Un castigo de nada menos que 78.518 millones de euros.

Presión fiscal española

El documento remitido a Bruselas alude a la menor presión fiscal española comparada con los países de su entorno. Y subraya la meta de alcanzar esa equiparación: «Se va a emprender una reforma del sistema tributario, para garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión, contribuyendo a la reducción del déficit estructural y al mantenimiento del Estado de bienestar, acercando la presión fiscal de España a la media de los países de la zona euro e incorporando las mejores prácticas internacionales», señala sin miramientos el documento que plasma el “Plan de recuperación, transformación y resiliencia”.

El texto añade que “así, además de llevar a cabo algunos ajustes en los impuestos (con una revisión en profundidad de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes), se pretende modernizar el sistema fiscal, adaptándolo a la realidad del siglo XXI, y en particular para hacer frente a los retos derivados de la digitalización y la transición ecológica. En el ámbito tributario se pretende también conseguir un sistema fiscal más eficiente en la lucha contra el fraude, para evitar nuevas formas de fraude fiscal, incrementar la eficacia del control tributario e incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias. Con todo ello, se trata de avanzar hacia un sistema tributario suficiente y más eficiente, equitativo y justo, y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Isabel Díaz Ayuso, de este modo, quiere aliviar la presión fiscal. Y Sánchez subirla. Lo que no explica el documento del Gobierno central es el impacto de semejante propósito. Pues bien, España, debido al mayor paro estructural y a la economía sumergida -que nunca han conseguido solventar ningún Gobierno por medio de subidas de impuestos- cuenta con un pago conjunto de toda la población y empresas nacionales equivalente al 39% del PIB, según datos cerrados de 2019. Ese dato es lo que se denomina presión fiscal. La media de la UE, gracias al menor fraude y al mayor porcentaje de población que trabaja y paga impuestos en mayor cuantía, se sitúa en una presión fiscal del 46% en ese mismo 2019.

Traducido: elevar la presión fiscal en esos 7 puntos supone en España, una subida de la recaudación por impuestos de casi 80.000 millones de euros.