Moncloa se niega a revelar a Transparencia qué hace su ‘Ministerio de la Verdad’

El Gobierno ha rechazado informar a través del Portal de Transparencia de las actuaciones que lleva a cabo contra la «desinformación». La Secretaría General de la Presidencia ha dejado sin respuesta una petición de información en la que se requería, en concreto, el «número de veces que se ha reunido la ‘comisión contra la desinformación’», así como las actas de dichas reuniones y  las «campañas de desinformación detectadas», además de «medidas adoptadas al respecto».

El Ejecutivo ha dejado expirar el plazo de un mes que contempla la Ley de Transparencia para dar una respuesta. Este plazo, según la misma Ley, puede ser ampliado un mes más, pero siempre previa notificación al interesado, algo que no ha ocurrido. Con el silencio, pues, se entiende que la pregunta ha sido desestimada. 

El pasado noviembre se conoció la aprobación por parte del Gobierno de un procedimiento de actuación contra la llamada «desinformación». La estrategia está dirigida por dos personas de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez: Iván Redondo, jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Moncloa alegó que resulta «imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Sin embargo, desde la oposición interpretaron que se trata de una forma de vigilar los medios críticos y las informaciones sensibles para los intereses del Ejecutivo.

En el plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recoge que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» la «información veraz y diversa», a la vez que se advierte de los riesgos que implicaría «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Para ello, se crea una Comisión Permanente, coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida de forma ordinaria por el director del Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría.

Ante la polémica generada, Moncloa explicó que el plan «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país» y que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».

No obstante, la estrategia sí señala que uno de los propósitos de la estrategia es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que generó suspicacias.

Entre las medidas está la monitorización y vigilancia para la detección, alerta temprana, notificación y análisis; la participación en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS) y activación de los protocolos; o la realización de campañas de comunicación dirigidas desde la Secretaría de Estado de Comunicación.

Poco, o más bien nada, ha trascendido de las actuaciones del Gobierno dentro de este plan. Moncloa tampoco entró en detalle a explicar las medidas que llevará a cabo. OKDIARIO publicó las intenciones sobre un sistema de «alertas rápidas» que permitiría a los ciudadanos «recibir en tiempos instantáneos una alerta de un desmentido para que sepan que esas noticias no son noticias fundamentadas ni la verdad».

Críticas

La Asociación de Medios de Información (AMI), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reaccionaron con respectivos comunicados, avisando que ese intento de control puede derivar en censura.

Las críticas también llegaron desde la oposición. «Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación», escribió Pablo Casado en las redes sociales, y fue más allá: «Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad». Un concepto en el que abundó también Vox: «El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden».

Recientemente, la Comisión Europea avaló el plan del Gobierno, al considerar que la orden ministerial en la que se recoge el procedimiento «no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación». Un aval pero, a la vez, un aviso al Ejecutivo de que no podrá controlar los contenidos de los medios.