El ‘Ministerio de la Verdad’ enviará a los ciudadanos alertas de noticias que ellos consideren ‘fake news’

La llamada Comisión Permanente contra la Desinformación, que hace unos días se oficializó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se constituyó en realidad en marzo de 2019 y desde ese momento se encuentra en activo, vigilando todo lo que se publica. Ahora, el Gobierno pretende dotar de contenido el procedimiento por el que un comité político -pilotado por Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete de Pedro Sánchez y secretario de Estado de Comunicación, respectivamente- vigilará y controlará a los medios, calificando las noticias de ‘fake news’.

Por el momento, Moncloa no ha entrado al detalle de cómo lo hará, ni tampoco las medidas que tomará contra los medios que no se ajusten a lo que consideren «información». Sin embargo, hace un año, la vicepresidenta Carmen Calvo ya dio pistas sobre las intenciones del Ejecutivo. Una de las medidas, explicó, es un sistema de «alertas rápidas» que permitirá a los ciudadanos «recibir en tiempos instantáneos una alerta de un desmentido para que sepan que esas noticias no son noticias fundamentadas ni la verdad». En definitiva, un sistema para controlar a los medios y las informaciones ante la opinión pública.

En concreto, el 15 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros abordó un informe presentado por el entonces ministro de Exteriores Josep Borrell sobre «desinformación» y, según informó La Moncloa, «la amenaza global que supone para la libertad y la democracia». Por aquella fecha, según se comunicó, ya se disponía de un Grupo de Trabajo interministerial, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación que, explicaron fuente gubernamentales, «trabajaría bajo la denominación de Comisión Permanente contra la Desinformación».

«El Plan de Lucha contra la Desinformación prestará, por indicación de la Presidencia del Gobierno y de cada uno de los departamentos ministeriales concernidos, un especial énfasis en el elemento reputacional de España vinculado a la crisis territorial en Cataluña y a los procesos electorales, tanto internos como europeos, que se van a celebrar en nuestro país en los próximos meses», informó La Moncloa en una nota.

El Gobierno alega que el procedimiento que ahora se conoce es «una respuesta directa a la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación» y destaca que «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país». Fuentes de Moncloa aseguran que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».

Sin embargo, ese plan europeo -European Democracy Action Plan- en el que se ampara el Ejecutivo aún no está en vigor. Las múltiples lagunas y ambigüedades han sembrado además de dudas el proceso y provocado la reacción de las propias asociaciones de la prensa, que avisan del riesgo de censura.

El Gobierno admite la «vigilancia»

De hecho, la orden destaca que uno de los propósitos de la estrategia es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios.

La propia Carmen Calvo argumentó también hace un año la necesidad de una vigilancia de los medios, con fines políticos. «Hay una cantidad ingente de ciudadanos que se siente preocupado por la circulación de falsas noticias, de situaciones que afectan a un derecho fundamental muy importante. El derecho a obtener información es una base sustantiva de cómo participamos en las sociedades democráticas los ciudadanos de todo punto de vista pero, también, fundamentalmente, nuestra participación en las posiciones políticas que cada uno mantenemos obteniendo información, que tiene que ser información veraz, como dice nuestra Constitución», esgrimió la vicepresidenta.

Explicó que España se incorporaba así al grupo de trabajo europeo «que nos va a permitir tener alertas rápidas suficientes para poder detectar noticias que sean falsas y que impiden el ejercicio profundo del derecho a obtener información verdadera y veraz, para poder participar libremente en sociedades plurales ideológicamente y de libertad, evidentemente, de pensamiento».

Calvo reiteró la necesidad de una coordinación europea y admitió dos escenarios. El primero, la injerencia electoral, como ya se ha avanzado desde Moncloa. Pero también, y de forma ambigua, la irrupción de noticias «falsas» «en procedimientos del derecho a la información».

El anuncio pasó entonces más desapercibido que ahora, ya que ese mismo día el Gobierno puso fecha -10 de junio- a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos.