Una denuncia acusa a Edmundo Bal de no investigar las pruebas del ‘caso Acuamed’ que apuntan a Narbona

La Fiscalía General del Estado tiene en su poder la denuncia contra Edmundo Bal por «omisión del deber de perseguir» los posibles delitos cometidos en el ‘caso Acuamed’, un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE que se dirime en estos momentos en la Audiencia Nacional.

La denuncia -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- se dirige contra la Fiscalía Anticorrupción y el jefe de la Abogacía del Estado en aquel momento -ahora candidato de Cs en el 4M, Edmundo Bal- por «actuaciones irregulares, que indiciariamente podrían consistir en la omisión del deber de perseguir» las pruebas presentadas en el caso. Y, más en concreto, las pruebas depositadas en el caso que apuntan a la actual presidenta del PSOE a escala nacional, Cristina Narbona.

La denuncia -presentada por el imputado en el caso Acuamed Arcadio Mateo del Puerto- recoge un apartado bajo el siguiente título: «Pago por empresas constructoras de la campaña auspiciada por el Gobierno en 2007 a favor de la desalación por un importe superior a los siete millones de euros». El apartado hace alusión a los hechos desvelados en su momento por OKDIARIO y que relataban las peticiones realizadas a título oficial desde el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por aquellas fechas por Cristina Narbona, para que las empresas adjudicatarias de la construcción de las desaladoras pagaran la citada campaña de publicidad.

Acuamed era una empresa que dependía de ese Ministerio, es decir, que dependía de la ahora presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la campaña de publicidad respaldó la doctrina del PSOE divulgada en las elecciones generales de 2008 en materia de política del agua.

La denuncia señala ahora que «consta en el Informe 243/2016 de 5 de octubre de 2016 de la UCO, incluido en las DPA 24/2015, que la Unidad adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción identificó 19 facturas relacionadas con una campaña a favor de la desalación, realizada por la empresa de comunicación Bassat Ogilvy, y que habrían pagado las compañías adjudicatarias de desaladoras».

Informe de la UCO

Según ese informe de la UCO, y tal y como recoge la denuncia, “cada empresa pagó el 1% del importe de su obra adjudicada. Presuntamente fue AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización) la impulsora y gestora de los pagos, aparentemente voluntarios. Sin embargo, en el transcurso de los cinco años de instrucción, diversos testimonios y documentación obrante en la causa han evidenciado que los pagos de las constructoras se habrían realizado con el compromiso de ser compensados durante la ejecución de las obras”.

El sumario del caso recoge efectivamente esos testimonios y documentos que apuntan a que “fue la Ministra de Medio Ambiente, Doña Cristina Narbona, quien promovió esta campaña, que se desarrolló entre el 12 de noviembre de 2007 y el 19 de enero de 2008, mes en el que se convocaron por el presidente Rodríguez Zapatero las elecciones generales que se celebraron el 9 de marzo de 2008. El importe global de la campaña no ha quedado determinado con exactitud, pero sobrepasa los siete millones de euros”, tal y como señala la denuncia ahora presentada ante la Fiscalía General del Estado.

“En fecha 17 de noviembre de 2016 prestaron declaración los Sres. Navarro (director de Relaciones Institucionales de ACUAMED en 2007) y Medina (Presidente de AEDyR en 2007) y el 24 del mismo mes y año lo hizo D. Adrián Baltanás (director General de ACUAMED en 2007). Con fecha 16 de noviembre de 2016, se unió a las actuaciones diversa documentación relativa a esta campaña, con el objetivo de facilitar su examen e investigación por las acusaciones presentes en la causa”, añade la denuncia.

El escrito de Arcadio Mateo del Puerto señala a continuación que “a pesar de la abundante documentación en la causa, de los testimonios reconociendo el compromiso de devolución de las cantidades pagadas por las constructoras y de las evidentes contradicciones en las declaraciones prestadas, hasta el día de hoy no hay conocimiento, […] de ninguna acción o diligencia de investigación interesada por la Fiscal de la causa o por la Abogacía del Estado que persigan el efectivo esclarecimiento de lo ocurrido”.

Acuamed no es un caso cualquiera. Se trata de un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE de más de 21 millones de euros centrado en las elecciones generales del año 2008. Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, ahora presidenta nacional del PSOE. Se firmaron 47 contratos de adjudicaciones en los meses previos a las elecciones generales de 2008, unos comicios que ganó José Luis Rodríguez Zapatero.