Crisis del coronavirus

El CSIC pregunta en un sondeo si el coronavirus «penalizará» a Sánchez en las elecciones

Varias preguntas van dirigidas a conocer la percepción de la confianza en los agentes más directamente implicados en el control de la pandemia: sanitarios, Ejército, Policía, científicos, expertos y el propio Gobierno

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprovecha una encuesta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para conocer la valoración de los ciudadanos de su gestión en la crisis del coronavirus. El sondeo, realizado a través del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), incluye una pregunta directa sobre el impacto de la epidemia en unas futuras elecciones.

«La gestión de la crisis sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno: ¿Lo penalizará de cara a las próximas elecciones, sus resultados electorales se mantendrán más o menos iguales o lo reforzará de cara a las próximas elecciones?», es la pregunta que deben responder los entrevistados en la iniciativa del mayor organismo público de investigación científica de nuestro país.

Como reveló OKDIARIO, la encuesta sondea también la aprobación social de eventuales medidas que se podrían aplicar una vez superado el actual estado de alarma, con el objetivo de evitar un eventual rebrote de la pandemia.

Entre esas medidas de Pedro Sánchez se encuentra: «Controlar la localización de la población a través de sus móviles», «exigir información médica personal para acceder a espacios públicos», establecer un «toque de queda que prohíba salir de casa a partir de cierta hora» o exigir información médica personal para acceder a espacios públicos. Además, el organismo pregunta sobre las iniciativas para los próximos 6 meses «para evitar nuevos contagios», entre ellas, limitar los desplazamientos; usar mascarillas y guantes; restringir el acceso a espacios públicos, parques, playas, parques naturales; controlar a la población a través de los móviles; suprimir eventos masivos; realizar controles sanitarios obligatorios a la población; permitir el acceso de las Fuerzas de Seguridad a los «datos médicos personales» o el «confinamiento selectivo» de «personas diagnosticadas y de alto riesgo».

Confianza en el Gobierno

Varias preguntas van dirigidas a conocer la percepción de la confianza en los agentes más directamente implicados en la gestión y control de la pandemia, como sanitarios, Ejército, Policía, científicos, expertos y el propio Gobierno. 

Los ciudadanos también deben valorar cuáles son los aspectos más importantes para «la salida de la crisis sanitaria actual», entre varias opciones: la responsabilidad de los ciudadanos, el control de la Policía y el Ejército, los descubrimientos científicos, la gestión del Gobierno, el cambio de estación (la llegada del verano) o la  inmunidad de quienes han superado la enfermedad. Asimismo, se debe puntuar, entre 0 y 10, la actuación del Gobierno en la crisis.

La encuesta sondea también el grado de acuerdo con algunas medidas puestas en marcha en el plan contra la epidemia, como «la participación del Ejército en labores de limpieza y desinfección» o en «el control de la circulación de personas», las sanciones económicas, el «control vecinal sobre aparentes incumplimientos del confinamiento», la necesidad de autorización para desplazarse al trabajo o para el cuidado de mayores o la supresión de entierros y funerales.

Y plantea posibles inquietudes de los ciudadanos, como pagar la hipoteca o el alquiler, mantener abierto su negocio, conservar su trabajo, conservar ingresos al nivel anterior a la crisis sanitaria, consumir productos culturales o de ocio o consumir productos de primera necesidad.

Además, se anticipa a posibles cambios en las políticas públicas como consecuencia de la actual crisis, entre ellos, «problemas para pagar las distintas prestaciones (desempleo, pensiones…) o el aumento de impuestos. También se recoge la posibilidad de establecer una renta básica universal o asumir, por parte del Estado, «algunas de las competencias que ahora tienen las comunidades autónomas».

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