El CSIC sondea las medidas post-confinamiento: «Toque de queda y acceso policial al historial médico»

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realiza una encuesta sobre el coronavirus en la que, entre otras cuestiones, pregunta la opinión ciudadana sobre hipotéticas medidas, una vez superado el actual estado de alarma, para evitar un eventual rebrote de la pandemia. Entre ellas, se encuentra establecer un «toque de queda» o permitir a la Policía el acceso al historial médico de los ciudadanos.

El mayor organismo público de investigación en España realiza este estudio a través de uno de sus centros, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Este Instituto explica que el objetivo «es conocer las opiniones e inquietudes de la ciudadanía respecto a la dimensión social de la crisis sanitaria sin precedentes originada por la pandemia de Covid-19». La participación está restringida a personas de 18 años o más que hayan recibido una invitación por SMS (el número es elegido de forma aleatoria) o «hayan visto anuncios en medios digitales», indica el organismo.

El apartado más destacado es el referido a las hipotéticas medidas para evitar el coronavirus, una vez superado el actual estado de alarma, lo que el Gobierno denomina «desescalada».

Así, el organismo ofrece varias opciones, como «controlar la localización de la población a través de sus móviles», «exigir información médica personal para acceder a espacios públicos», establecer un «toque de queda que prohíba salir de casa a partir de cierta hora» o exigir información médica personal para acceder a espacios públicos.

El organismo pregunta a continuación sobre «qué otras medidas considera que serán necesarias en los próximos 6 meses para evitar nuevos contagios» por el coronavirus, entre las que se incluye limitar los desplazamientos; usar mascarillas y guantes; restringir el acceso a espacios públicos, parques, playas, parques naturales; controlar a la población a través de los móviles; suprimir eventos masivos; realizar controles sanitarios obligatorios a la población; permitir el acceso de las Fuerzas de Seguridad a los «datos médicos personales» o el «confinamiento selectivo» de «personas diagnosticadas y de alto riesgo».

Entre otras cuestiones, se sondea asimismo la percepción sobre la posibilidad de contagio, propia o de los miembros de la familia; el grado de confianza en sanitarios, Ejército, Policía, Gobierno, científicos y expertos. Además, se requiere la valoración sobre el aspecto más importante para «la salida de la crisis sanitaria actual», para lo que se ofrecen varias opciones:  la responsabilidad de los ciudadanos, el control de la Policía y el Ejército, los descubrimientos científicos, la gestión del Gobierno, el cambio de estación (la llegada del verano) o la  inmunidad de quienes han superado la enfermedad.

También se requiere una valoración sobre el cumplimiento de las medidas, por parte del entrevistado y del resto de la sociedad, y la valoración «de la acción del Gobierno para controlar la pandemia», en una escala numérica.

La encuesta busca además conocer el grado de acuerdo con algunas medidas puestas en marcha en el plan contra la epidemia, como «la participación del Ejército en labores de limpieza y desinfección» o en «el control de la circulación de personas», las sanciones económicas, el «control vecinal sobre aparentes incumplimientos del confinamiento», la necesidad de autorización para desplazarse al trabajo o para el cuidado de mayores o la supresión de entierros y funerales.

Subida de impuestos   

Otro apartado se refiere a las consecuencias de la crisis sanitaria. Así, el Instituto quiere saber si los españoles consideran que, a largo plazo, asistirá menos gente a eventos multitudinarios; se consumirán más productos nacionales; aumentará la desconfianza y el rechazo hacia la población extranjera; las familias se implicarán más en el cuidado de las personas mayores o será más frecuente el teletrabajo.

Otro apartado preocupante es el referido a los posibles cambios en las políticas públicas, en el que se plantean «problemas para pagar las distintas prestaciones (desempleo, pensiones…) o el aumento de impuestos. También se recoge la posibilidad de establecer una renta básica universal o asumir, por parte del Estado, «algunas de las competencias que ahora tienen las comunidades autónomas».

Más de 8 años

El organismo presenta un horizonte a largo plazo en la lucha contra el coronavirus, «los próximos seis meses», en los cuales se pregunta al encuestrado por algunas de sus inquietudes, como pagar la hipoteca o el alquiler, mantener abierto su negocio, conservar su trabajo, conservar ingresos al nivel anterior a la crisis sanitaria, consumir productos culturales o de ocio o consumir productos de primera necesidad.

¿Pensando en los principales efectos de la pandemia (sanitarios y económicos), ¿Cuánto tiempo cree que se necesitará en Espaa para recuperar una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia? es otra de las cuestiones. Y las opciones van entre los 6 meses o menos a los «más de 8 años». También se recoge la posibilidad de que «no nos recuperemos nunca».