El Congreso prevé gastar 70.000 € en 2025 en la escolta de las socialistas Armengol y Batet, un 55% más

El Congreso de los Diputados ha destinado 70.000 euros en su Presupuesto de gasto para el año 2025 a pagar el servicio de escolta para las socialistas Francina Armengol, presidenta de la Cámara baja, y Meritxell Batet, su antecesora en el cargo como tercera autoridad del Estado y ex diputada. Así consta en la letra pequeña -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- de las cuentas del Congreso para el próximo ejercicio, documento que fue aprobado por la Mesa de la Cámara el pasado martes gracias a los votos de PSOE y Sumar y con el rechazo del PP, según fuentes parlamentarias.

En concreto, estos 70.000 euros suponen un 55,56% más que los 45.000 contemplados en el Presupuesto prorrogado de 2023 para 2024 puesto que el proyecto de cuentas que aprobó la Mesa en marzo del presente año (aquí se reservaron 65.000 euros, esto es, un 44% más) no terminó de ver la luz al no sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde va incluido el del Congreso.

En las cuentas de la Cámara baja para 2025, se especifica que «a la vista de lo ejecutado en anteriores ejercicios se considera necesario aumentar la dotación». Al cierre de año 2023, el Congreso ejecutó en esta partida un importe de 59.503,41 euros, casi 20.000 que los 45.000 previstos en la dotación inicial de aquel ejercicio.

El documento del Presupuesto del Congreso que recibió el visto bueno de la Mesa el pasado martes indica que «desde mayo de 2023 existe un grupo menos de escolta, el de la Sra. Pastor» y señala «que en la actualidad hay dos grupos de escolta» a sueldo de la Cámara baja, «el de la Presidenta Sra. Armengol y el de la ex Presidenta Sra. Batet».

A los 70.000 euros previstos para el servicio de escolta, hay que añadir otros 60.000 euros que el Congreso destina a pagar las «dietas» de estos policías y de los «conductores al servicio de los miembros de la Mesa».

Si bien Batet era diputada por Barcelona cuando presidía la Cámara, residía en Madrid en régimen de alquiler junto a su pareja, el ex ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo. Mientras que Armengol, diputada por Baleares, sí está haciendo uso, a diferencia de su predecesora, del palacete del Estado que está a disposición de la Presidencia del Congreso.

Tal y como publicó OKDIARIO, Armengol -a la que recoge la escolta cada día- volvió a ocupar el palacete del Estado a disposición de los presidentes del Congreso después de que este inmueble no se usara como residencia oficial continuada desde que Patxi López se instalara en él en su breve mandato allá por el año 2016. Un hecho que provocó entonces una sonada polémica sobre todo porque su antecesor en el cargo, Jesús Posada, del PP, no había utilizó esta vivienda.

El inmueble, ubicado en el distrito de Retiro a sólo 700 metros a pie de la Cámara Baja, es propiedad de Patrimonio del Estado y tiene una superficie de 1.092,80 metros cuadrados, según información del Congreso de los Diputados. El edificio cuenta con tres plantas y un garaje en el semisótano, así como ascensor, despacho, salones, dormitorios, gimnasio y sauna. También están cubiertos los gastos de agua, electricidad, gas, mantenimiento y seguridad, y el pago de tributos locales como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o la TRUA (Tasa por prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos Actividades).

Mientras Armengol, señalada por la presunta corrupción del caso Koldo, percibe retribuciones por un importe anual de 214.444,86 euros brutos como tercera autoridad del Estado, su antecesora y compañera de filas, Meritxell Batet, sigue cobrando una indemnización del Congreso, además de disponer del citado servicio de escolta, coche oficial, chófer y asistente por cuatro años tras dejar el cargo.

El Presupuesto de la Cámara baja para el próximo año aprobado por los socialcomunistas la pasada semana recoge que Batet, que cesó el 17 de agosto de 2023 como tercera autoridad del Estado y que luego renunció el 6 de septiembre a su acta como diputada del Grupo Socialista en la nueva legislatura, percibirá indemnización como ex presidenta del Congreso hasta «agosto de 2025».

Esta indemnización para los ex presidentes del Congreso se asemeja a la de los ex ministros, y no sigue el mismo régimen que el de los ex parlamentarios. En su caso, Batet se acoge a la «pensión» que figura en el apartado 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 1981. El citado precepto habla de «una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado».  La duración máxima aquí son 24 mensualidades.

Batet recibía retribuciones por importe de 236.710,04 euros brutos anuales al dejar el cargo, por lo que estaría cobrando ahora mismo más de 15.000 euros del Congreso de los Diputados en concepto de indemnización. De hecho, en las cuentas de 2025, aprobadas con los votos de PSOE y Sumar, se ha reservado una partida de 135.000. En la ejecución del Presupuesto de 2024 consta que a fecha de 30 de junio se había abonado a Batet la cantidad de 95.453,76 euros, un 48,95% de los 195.000 euros previstos.