Crisis del coronavirus

El confinamiento de Sánchez siembra el caos: cierra Madrid pero abre las zonas con más contagios

variante Ómicron
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid alega en su recurso contra el cierre ‘ a la carta’  e impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez que sus medidas de restricción de la movilidad por zonas sanitarias son más eficaces que el confinamiento propuesto por Moncloa. El Gobierno regional asegura que esas medidas son «quirúrgicas» y permiten limitar el movimiento ciudadano de forma mucho más efectiva que confinar Madrid capital en su totalidad. De esa forma, advierten, los ciudadanos de las zonas más afectadas por el virus podrán moverse a las zonas con menos contagios, condenado a Madrid a empeorar su situación y a alargar el aislamiento.

Madrid asume el confinamiento, que entrará en vigor en la noche de este viernes. Pero lo hace sin renunciar a dar la batalla legal contra una orden que considera injusta, que vulnera sus competencias, aprobada sin consenso y surgida de criterios sin una explicación técnica y científica clara. Y entre las razones que ha planteado en su recurso ante la Audiencia Nacional, presentado este viernes a primera hora, hay un argumento de peso: el criterio de elección de las zonas básicas de salud como medida geográfica para las limitaciones.

Estos territorios, explica Madrid en su argumentación legal, representan una pequeña unidad de población (de alrededor de 23.000 habitantes) dependiente de un centro de salud. Una forma «quirúrgica» de controlar la situación de esa zona concreta y muy acotada. De esta manera, el control de movimientos de la población resulta más efectivo a la hora contener el virus que el modelo que impone el Ministerio de Sanidad, que pasa por confinar una ciudad entera de 3 millones de habitantes.

Consideran que cerrar la capital en su totalidad mientras permitiendo la movilidad a la población en toda la bolsa confinada puede provocar un aumento de casos, condenando a la ciudad a restricciones más duraderas.

Zonas afectadas y zonas sanas, juntas

La Comunidad recuerda que en Madrid viven más de 3 millones de personas, y que la situación de unas zonas y otras de la ciudad no es la misma. En áreas del distrito de Usera hay zonas con una incidencia acumulada de más de 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros distritos la cifra ronda los 500 casos.

Hasta ahora, con las medidas impuestas por la Comunidad, la población de ambas zonas quedaba fuera de contacto. Con el modelo de Madrid, se eleva un muro en los márgenes de la ciudad pero se permite la libre circulación de cualquier persona por cualquier zona. Es decir, existe el peligro que las áreas más afectadas produzcan un efecto contagio con aquellas menos afectadas, defiende Madrid.

Es, en síntesis, como si en el pasado estado de alarma se hubiesen cerrado las fronteras de España pero permitido a los españoles moverse por todo el territorio libremente. Zonas de alto nivel de contagios, como Madrid o Castilla-La Mancha, podrían haber llevado el virus en pleno confinamiento a otras más sanas, como Asturias.

«El criterio que ha venido utilizando esta Administración, estableciendo medidas por Zonas Básicas de Salud, resulta mucho más acorde, proporcionado y efectivo», defiende Madrid en su recurso.

«Esto puede comprobarse a la vista del informe que adjuntamos, en el que puede verse una reducción que alcanza hasta el 50% en algunas de las zonas donde se han aplicado medidas», explican el Gobierno regional de Díaz Ayuso.

«En la Comunidad de Madrid son 10 los municipios con 100.000 o más habitantes, cuya población oscila entre 117.040 a 3.3266.126 habitantes, es decir hay una gran variabilidad en el tamaño poblacional ya que el municipio de Madrid tiene una población 30 veces superior a los 9 municipios restantes», relatan en el escrito.

Modelo exitoso de restricciones

Madrid defiende ante la Justicia que su modelo de restricciones está teniendo éxito y que, al ser ‘quirúrgico’, reduce el número de personas por caso a las que afectan las limitaciones

«Aplicando medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 45 zonas básicas de salud se actúa sobre una población de 1 millón de habitantes, que representa un 15,4% de la población de la Comunidad y un 27,2% de los casos acumulados en los últimos 14 días», explican. «Aplicando el criterio propuesto por el Acuerdo (por Madrid) se actuará sobre un 72% de la población de la CM que representa al 77% de los caso».

Sin embargo, actuar sobre una población de 3 millones de habitantes  como los que tiene la capital «implica que la población cuya movilidad estaba restringida a una zona básica de salud aumentará por todo el territorio del municipio de Madrid, al aumentar la movilidad aumenta la probabilidad de interrrelaciones, y está demostrada la mayor probabilidad de transmisión de COVID-19 con la movilidad y la interrelación social».

Madrid entiende, por tanto, que el modelo de Sanidad le condena a empeorar considerablemente sus cifras de contagios. Y por tanto, echaría por tierra los resultados conseguidos hasta ahora y podría verse sometida a Madridun confinamiento total duramente mucho más tiempo.

Daño económico y competencial

La Comunidad Autonóma de Madrid ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso contra la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, mediante la que se aprueba Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega el grave impacto económico que supondrá, así como que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos.

La adopción de las medidas para el cierre de Madrid, según el recurso, «supone un impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid». Sobre ello, exponen que es relevante el Informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública en el que se señala: «El impacto económico y laboral se da en el conjunto de la economía productiva, no en el sector público, cuyo gasto no ha bajado y el empleo no ha mermado».

En el recurso, a este respecto, se puede leer que «el impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid, en media, hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos».

Eso provocará, según los letrados, una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica. «La merma en recaudación para 2020 en la Comunidad de Madrid se espera que sea de 1.777 millones de euros (por todas las figuras tributarias relevantes) sobre el cierre del ejercicio anterior», afirman.

Y sobre el impacto económico concluyen que: «Por ello, la pérdida por cada semana de retraso en la reactivación económica puede cuantificarse en proporción a la misma: un 2,48%, equivalente a una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros».

Otro de los puntos del recurso es la invasión de competencias. Así dice el recurso que: «Esta Administración ostenta la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. Y es evidente que esta competencia se viene utilizando desde que, tras el levantamiento del estado de alarma, se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».

«Esta Orden ha sido ya modificada en diversas ocasiones, intensificando las medidas de forma acorde con la evolución epidemiológica de la situación, llegando incluso a adoptar medidas que han supuesto la limitación de la circulación en diversas Zonas Básicas de Salud»

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