Chivite diluye las subvenciones a las víctimas de ETA incorporando a las de presuntos ‘abusos policiales’

Los primeros presupuestos del Gobierno navarro de María Chivite (PSN-PSOE) incorporan en el apartado de subvenciones a las víctimas de «motivación política». Y lo hace en la misma partida de las ayudas destinadas a las víctimas del terrorismo. Las cuentas fueron aprobadas este jueves, después de que el Ejecutivo de Navarra llegase a un acuerdo presupuestario con Bildu por el que se aumentó el techo de gasto en 16,7 millones de euros.

Entre las distintas partidas, los Presupuestos recogen una específica para «subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política». Esa última alusión, «motivación política», no figuraba en las anteriores cuentas, aprobadas en la etapa del cuatripartido de Uxue Barcos (Geroa Bai, Podemos, Bildu e I-E). En los presupuestos de 2019, por ejemplo, se hablaba de «subvenciones por acciones de violencia terrorista».

La partida se incluye en las ‘actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos’, junto a otras como las llamadas «Escuelas con memoria, paz y convivencia», las actividades de prevención de la violencia y radicalización o el Plan Estratégico de Convivencia.

Precisamente, el Gobierno navarro anunció hace unos días la puesta en marcha del proyecto para elaborar este plan, que corre a cargo de la consejería de Relaciones Ciudadanas, en manos de la nacionalista Ana Ollo (Geroa-Bai). Con él se persigue imponer la «convivencia en la pluralidad», una alusión a distintas sensibilidades políticas en las que también se enmarca a Bildu, formación que sostiene la legislatura de Chivite.

La ley recurrida al TC

Cabe recordar que Navarra cuenta con una ley que criminaliza a la Policía por presuntos abusos y que actualmente está en manos del Tribunal Constitucional.

La Ley de ‘Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos ‘ fue impulsada en marzo de 2019 por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y obtuvo el respaldo de estos partidos, además de la abstención del PSN. UPN y PPN se opusieron.

La Ley entró en vigor en abril de 2019 y fue recurrida por Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

Su propósito es «configurar el derecho al reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos, regulando los medios y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas y, en su caso, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral».

La declaración de víctima, que dará derecho a recibir asistencia sanitaria así como una indemnización, queda en manos de una ‘Comisión de Reconocimiento y Reparación’, que, de acuerdo a las mayorías del Parlamento navarro, estará en manos de Bildu. 

En septiembre pasado, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional en la que rechazaba los argumentos de la oposición ante el Tribunal Constitucional.

La iniciativa contó con el voto a favor de Chivite, sus socios y Bildu y la oposición de Navarra Suma, que la consideró un pago de la socialista a Bildu por su abstención para hacerla presidenta.

En la declaración se rechazaban los argumentos sobre la vulneración de derechos fundamentales, que sostenían los recurrentes, y se reafirmaba «en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia por motivaciones políticas, independientemente de su ideología y contexto victimológico».

Además el Legislativo se comprometía «a defender jurídicamente los derechos que asisten a Navarraen esta materia y a dar pasos efectivos encaminados al reconocimiento y a la reparación por actos violentos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos».