Chivite acepta la exigencia de Bildu de controlar las cárceles para dar beneficios a los etarras

Tras negarlo con insistencia, el PSOE ha acabado confirmando a Bildu como interlocutor y como pieza clave en el Gobierno de Navarra. La negociación de los Presupuestos es el primer escollo que aborda el Ejecutivo de María Chivite en una legislatura que nació ya pendiente de los proetarras. Chivite llegó a la presidencia gracias a la abstención de los diputados de Otegi, y la aritmética parlamentaria exige también contar con su favor para aprobar la iniciativa legislativa del Gobierno. Y eso implica gestos y hechos. Uno de ellos, la transferencia de las Prisiones y la elaboración de un «modelo penitenciario propio» o un sistema orientado a la reinserción de los presos, mediante la gestión de las cárceles.

La idea se diseñará en un equipo de trabajo, creado ex profeso. Este lunes, el Gobierno de Chivite avaló textualmente el concepto, polémico, de «nueva política penitenciaria», al suscribir una declaración institucional, con Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, contra la dispersión de los presos. Un gesto de gran simbolismo. Fuentes ‘populares’ avanzan que, en un próximo pleno, pedirán al Gobierno foral que explique si comparte la necesidad de asumir la gestión de las prisiones.

El fin de la dispersión es sólo una de las demandas de Bildu en materia penitenciaria. Insisten también en acabar con todas las «medidas de excepción» de las personas presas. Los presos con enfermedades graves e incurables, dicen, «tienen derecho a ser excarceladas en el caso de que su enfermedad se vea agravada por su estancia en prisión». También quieren impulsar un «proceso de excarcelación de presos/as y vuelta a casa de las personas huidas».

Buena disposición del Gobierno

La reclamación de un modelo penitenciario propio cuenta con la buena acogida del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Instituciones Penitenciarias ya se trasladó al Ejecutivo navarro la disposición a estudiar la propuesta. El pasado septiembre, su responsable, Ángel Luis Ortiz, se reunió con el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos -de Podemos- para abordar la petición navarra de construir un servicio propio de ejecución penal, similar al del País Vasco. La intención es controlar, entre otros, desde la asistencia sanitaria a las medidas alternativas a la prisión.

El propio Santos, como informó OKDIARIO, es un firme defensor del fin de las cárceles. En su día, el ahora consejero recibió en el Parlamento de Navarra a una representación de eurodiputados para evaluar la situación de los presos de ETA para valorar «una posible violación del derecho internacional». La visita se realizó a instancias de Etxerat, el colectivo de familiares de presos de ETA y en ella trasladaron la «preocupación por el tratamiento que recibían tanto los presos como sus familiares y allegados» con la política de dispersión.

Además, Santos fue, como diputado en el Congreso, uno de los impulsores de los intentos de Podemos para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo: «En un contexto no violento, en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión», consideraban los firmantes en una de las iniciativas, que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso.

El consejero de Chivite quiere hacer de la ‘justicia restaurativa’ una de las prioridades de su mandato. «No creemos en la Justicia como administración de venganza», firmaba en una reciente tribuna en Noticias de Navarra. El propósito es orientar la ejecución penal hacia la reinserción.

Chivite está actualmente en minoría en el Parlamento para aprobar sus Presupuestos, con 23 escaños de 50. Para sacar adelante las cuentas públicas necesitaría contar con Navarra Suma o con Bildu.

La negociación con los proetarras en Navarra se produce en paralelo a los intentos para la investidura de Pedro Sánchez. El partido de Arnaldo Otegi exige al socialista «diálogo y negociación» sobre las distintas «naciones» de España que, consideran, tienen «derecho a decidir».