La chavista Plus Ultra acusa a la juez de «arbitraria» por no admitir un peritaje encargado por ellos

La aerolínea chavista Plus Ultra ha remitido un escrito a la juez María de la Esperanza Collazos, que le investiga por prevaricación y malversación, en el que insiste nuevamente que acepte el informe pericial realizado por un particular al que la compañía ha contratado. En el escrito, presentado el pasado 10 de febrero, Plus Ultra defiende que es una aportación «pertinente, necesaria y proporcional». Además, acusa a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de ejecutar una resolución «arbitraria» y «sin fundamento legal».

La magistrada, que investiga la concesión de 53 millones del Gobierno de Pedro Sánchez a esta compañía chavista, acordó una pericial para esclarecer si Plus Ultra cumplía con los requisitos para recibir la ayuda. Los servicios jurídicos del Estado y la defensa de la aerolínea se negaron a que un perito independiente valorase la situación financiera de la aerolínea. Ambas partes se escudaron en que ya se han incorporado al procedimiento todos los informes financieros y de asesoría de Deloitte y DC Advisory en los que se apoyó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para aprobar el desembolso de los fondos públicos.

Sin embargo, un perito judicial independiente –del despacho Martín Molina– realizó un nuevo informe por encargo del Juzgado que concluyó que la empresa ya estaba en crisis en 2019, por lo que incumplía la condición más importante del reglamento aprobado por el propio Ejecutivo en julio de 2020 para dar luz verde a las ayudas públicas a través de la SEPI. De acuerdo con ese reglamento, los rescates de la SEPI quedaban limitados a empresas con problemas financieros como consecuencia del coronavirus, excluyendo a las compañías que ya «estuvieran en crisis» antes del 1 de enero de 2020. Según el peritaje de 499 páginas, al que tuvo acceso este diario, Plus Ultra ya estaba en crisis en 2019 por lo que existen «dudas más que razonables sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública».

Como respuesta, la Abogacía del Estado subrayaba que del informe encargado por el Juzgado se desprendía que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas. Del mismo modo, la Fiscalía de Madrid –cuya máximo dirigente es la ex ministra socialista Dolores Delgado– coincidió en que había que archivar el procedimiento y así lo plasmó en un informe en el que aseguró que no existían «elementos contundentes» que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

La magistrada Esperanza Collazos consideró necesario no sólo no sobreseer la causa sino enfrentar en un careo la opinión de los distintos peritos para aclarar los puntos de disenso en las conclusiones de ambos –perito independiente y el experto en el que se apoyó la SEPI para conceder la ayuda–. Pero, debido a un fallo técnico en la grabación, la magistrada les ha vuelto a citar para el próximo 29 de marzo. Motivo por el que ahora aprovecha Plus Ultra para participar en el peritaje y solicitar que se incorpore un informe encargado por la propia aerolínea. La instructora ha rechazado esta pretensión y la compañía asegura que «la resolución le causa indefensión, al impedir ofrecer sus argumentos técnicos de descargo y contradecir los de cargo».