EL CGPJ se planta ante los ataques del separatismo: los jueces no irán a las comisiones del ‘lawfare’

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves por unanimidad instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados en las comisiones del lawfare que han pactado Pedro Sánchez y los independentistas. El órgano de gobierno de la magistratura zanja que los miembros de la carrera judicial no deben declarar ante las comisiones de investigación abiertas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. Si, a pesar de ello, fuesen citados, la Comisión Permanente del CGPJ denegará la autorización para que acudan.

Los 16 vocales que forman parte del CGPJ en este momento han recordado que «cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo». Además, en el acuerdo que han suscrito reclaman que «se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional», que «ha rebasado con creces el límite de lo tolerable».

La petición de llegar a este acuerdo parte de los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. Ven imprescindible este «rotundo posicionamiento» contra el «acoso» a jueces y magistrados.

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, no ha tramitado este posicionamiento en aras de analizar «las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado» a la par que estudiar «la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces» en las mismas.

«El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho», esgrimen los impulsores.

Igualmente, en los últimos días, varios vocales pedían elaborar un informe con razones jurídicas que avale que jueces y magistrados no acudan a las comisiones de la polémica. Es una propuesta que ha tenido buena acogida interna, por lo que el CGPJ ya estudia la posibilidad de elaborarlo.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, puntualizó hace unos días en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los jueces «no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación» en el Congreso.

Esta serie de decisiones se dan después de que el Congreso de los Diputados acordara la semana pasada crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada Operación Cataluña, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y la investigación a independentistas con el programa Pegasus. Ahora el CGPJ se planta y cierra la puerta a jueces declarando en esas comisiones.

Ataques y señalamientos

En esa misma sesión parlamentaria, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, tachó de «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y sus compañeros de tribunal Carlos Lesmes, Pablo Llarena y Carmen Lamela.

Un día antes, en el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. Ante tales afirmaciones, Bolaños salió en defensa de los jueces y de su independencia.

Desde el CGPJ, Guilarte reaccionó calificando de «inadmisible» el «ataque personal» de Nogueras a varios magistrados del Supremo, al tiempo que ratificó que adoptará las medidas necesarias para protegerlos. Fuentes del Consejo detallan que éstas podrían ir desde el amparo institucional hasta la remisión de los casos a Fiscalía si se aprecia delito.