La cerebro de los desahucios express de ZP pide endurecer las penas por las ventas a fondos de inversión

La alcaldesa Manuela Carmena y su predecesora Ana Botella. (Fotos. Madrid)
La alcaldesa Manuela Carmena y su predecesora Ana Botella. (Fotos. Madrid)

Paloma Herranz Embid, ahora directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y, por tanto, responsable de las alegaciones para endurecer las penas a los políticos que vendieron viviendas municipales a fondos de inversión, trabajó para Zapatero e impulsó los polémicos desahucios express.

Quien ahora va de justiciera, demandando en el Tribunal de Cuentas que en vez de 22 millones los acusados paguen 160, en su día protagonizó una polémica por facilitar los desalojos de primeras viviendas. "Trabajó asimismo como asesora en el Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de 2005 a 2011, con seguimiento específico, entre otros, del área de vivienda", dice su curriculum en la web de la EMVS.

Además, en 2005, Zapatero aprobó que se pueda vender vivienda protegida para alquiler a fondos de inversión inmobiliaria. Se trata del artículo 33.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan de Vivienda 2005-2008.

Hace escasos días la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) ha confirmado que volverá a iniciar el proceso para solicitar la nulidad de la operación de venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere en 2013 en base al escrito del Tribunal de Cuentas conocido el pasado diciembre.

Además, han alegado para que se suba la multa del citado tribunal ya que consideran que hubo un agujero patrimonial por la controvertida venta de 160 millones, mucho más de los 31 que fijó la Cámara de Cuentas en un informe.

Por su parte, los políticos del PP afectados también han presentado un recurso contra la sentencia que condena a Botella y a los que fueron concejales en su equipo de Gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la EMVS al grupo societario Fidere.

La sección de Enjuiciamiento del Tribunal cifró en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público", sentenció. Además habla de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

Por ello, se declaró responsables contables directos al entonces máximo dirigente de la EMVS, Fermín Oslé, a la exalcaldesa Botella y a todos los concejales de su Junta de Gobierno, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.

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