Celaá propone a los padres que lleven a sus hijos al colegio en bicicleta para evitar el Covid

El borrador del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que los Ministerios de Sanidad y Educación presentan a los consejeros de las comunidades autónomas para la vuelta al colegio señala, como una de las recomendaciones, que se «priorice» el «transporte activo» para el traslado a los centros, con el fin de evitar la propagación del virus.

«Se recomendará a la ciudadanía la priorización del transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal, para evitar espacios cerrados», se recoge en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El Gobierno propone así que los padres que lleven a sus hijos al colegio, o los alumnos de más edad que ya se desplacen solos, utilicen medios masificados, como el metro o el autobús.

Es una de las medidas del plan elaborado por el Gobierno ante la inminente vuelta a la actividad lectiva. En las últimas semanas, el Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, ha sido criticado por profesores y padres de alumnos por la tardanza en ofrecer un protocolo para un regreso seguro a los colegios. La ministra comparecerá el próximo lunes en el Congreso para explicar las soluciones de su departamento, apenas unas horas antes de que los niños vuelvan a las aulas.

El documento propone, entre otras cuestiones, la realización de pruebas PCR a los contactos estrechos para identificar otros posibles infectados

Además, se plantean grupos de convivencia estables más allá del segundo curso de Primaria, que era lo que se recogía en el primer protocolo elaborado por el Ministerio de Educación, el pasado 22 de junio.

El Ministerio quiere que la actividad lectiva «sea presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo, priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria».

Asimismo, se establece una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.

El protocolo, que está sujeto a cambios, establece que, en la medida de lo posible se priorice la realización de las actividades en espacios al aire libre y se aumente la frecuencia de la ventilación de los espacios. Además, se insta a reforzar las medidas de limpieza en los centros escolares y la prevención por parte del alumnado, mediante una formación en las medidas básicas de higiene y correcta colocación de la mascarilla.

Cierre de centros

El Gobierno plantea además a las comunidades autónomas que, en el caso de que se detecten contagios, sólo se pueda cerrar un centro previa comunicación al Ministerio de Sanidad y con acuerdo del Consejo Superior del Sistema Nacional de Salud. El borrador lo justifica en que una «suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de una Comunidad Autónoma» puede provocar un «impacto supraautonómico o sobre otras actividades». «Esta medida únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales», se advierte.

El Ejecutivo admite que aún desconoce el impacto del cierre de centros en los niveles de transmisión comunitaria. «No obstante, la
evidencia disponible indica que el cierre de centros educativos, como medida aislada, tiene poca probabilidad de ser efectivo para controlar transmisión. Además, se ha observado que cuando se aplican medidas adecuadas de prevención e higiene, las escuelas no son espacios
donde se produzca mayor propagación que otros entornos de la comunidad, como el laboral o el de ocio», se destaca en el documento.

Así, defiende con firmeza la asistencia del alumnado a las aulas. «La educación no presencial no garantiza las capacidades de crecimiento y desarrollo personal, sino que conlleva evidentes riesgos de generar inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa».

«Igualmente, la posibilidad de que se lleve a cabo el cierre de centros educativos en unas determinadas zonas, como instrumento para luchar contra la Covid-19, puede acarrear el desplazamiento de parte del alumnado y de familias a otras zonas geográficas donde se mantenga la actividad académica en su formato habitual, con el consiguiente riesgo de
transmisión del virus», se justifica en el informe.

También se incide en que es «fundamental asegurar el acceso a un menú saludable para el alumnado, por lo que se resalta el papel esencial de los comedores, siendo prioritario el mantenimiento de este servicio ya sea en el centro educativo o para llevar a domicilio».

«La experiencia en otros países que ya han abierto durante meses sus centros educativos nos enseña que se van a producir casos y algunos brotes, como en el resto de ámbitos de la comunidad, pero que una gestión adecuada de los mismos minimiza su impacto, de ahí la importancia de contar con un procedimiento común para su gestión», señala el texto.

Vacunación de la gripe 

El Gobierno insiste, por otro lado, en la importancia de vacunarse de la gripe. «Es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede provocar directa o indirectamente, como por las complicaciones que puede ocasionar y los costes económicos y sociales que origina», se advierte.

El borrador pide a las comunidades que se alcancen los objetivos fijados para la campaña de vacunación, con coberturas de al menos el 75% en mayores, preferentemente a partir de los 65 años, y en el personal sanitario y sociosanitario, y del 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Este año especialmente se insiste en que se vacunen aquellos que puedan transmitir la gripe a las personas que tengan riesgo de presentar complicaciones.