CÓDIGO DE CONDUCTA

Caza de brujas en la Guardia Civil: Marlaska crea un ‘Gran Hermano’ para vigilar su «neutralidad política»

Marlaska crea un "Observatorio de Conducta Ética" para examinar el comportamiento de los guardias civiles

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Ministerio del Interior quiere fomentar los «principios y valores» de los guardias civiles, establecidos por Fernando Grande-Marlaska. El departamento elabora una orden para examinar que el comportamiento de los agentes se adecúe al Código de Conducta de la Benemérita, que fue aprobado no sin polémica. Este código impone la «neutralidad política e ideológica» y exige a los guardias civiles mantenerse «alejados del discurso político y del debate partidista». Entre los instrumentos que prepara Interior figura un «Observatorio de Conducta Ética».

El proyecto ya se recoge en el borrador de una orden de «implementación, evaluación y seguimiento del Código de Conducta del personal de la Guardia Civil», al que ha tenido acceso OKDIARIO. La intención de Marlaska es que los guardias civiles «interioricen» el Código de Conducta y se formen «en valores», además de «reforzar la motivación y potenciar la autoconfianza del personal en el desempeño de sus cometidos». La orden afecta a la formación de los agentes así como a su desempeño.

Polémica

El Código de Conducta fue aprobado por real decreto el 4 de marzo de 2022 y entonces ya provocó las críticas de las asociaciones de guardias civiles. La asociación mayoritaria Jucil recurrió al Tribunal Supremo por entender, entre otras cosas, que suponía un «nuevo intento» de Marlaska de «imponer la proscrita obediencia ciega a las órdenes», además de un ataque a la libertad de expresión de los guardias civiles al confundir «la neutralidad política con la crítica política». El Supremo rechazó el recurso al considerar que el Código de Conducta es una pauta para «guiar el comportamiento» de los miembros del Instituto Armado sin «efectos sancionadores» y que los guardias civiles «tienen, como cualquier otro ciudadano, el derecho a elegir cuando ejerzan su derecho de voto la opción que estimen oportuna», si bien «el ejercicio de su actividad profesional les conmina a la neutralidad política».

Expedientes

En concreto, el Código de Conducta obliga a los guardias civiles, según su artículo 13, a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista». También se requiere «respeto y consideración a la pluralidad y singularidad» de los territorios de España.

La polémica viene por lo que Marlaska entiende por «neutralidad política». En noviembre, Interior expedientó a tres guardias civiles -con suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave- por sus críticas a la Ley de Amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo. Uno de ellos era el portavoz de Jucil, Agustín Leal, quien acusó a Sánchez de cometer «la mayor felonía» por su plan de amnistiar a los dirigentes independentistas catalanes. El Tribunal Militar Central obligó finalmente a Marlaska a rehabilitarle, paralizando la suspensión cautelar.

El ministro castigó también a dos agentes de la Asociación Pro-Guardia Civil por criticar la futura ley en un comunicado en el que recordaban su juramento «ante la bandera como militares» y aseguraban estar «dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

Observatorio

Ahora, Interior prepara varios mecanismos para controlar la aplicación del Código de Conducta. El principal instrumento es el mencionado Observatorio. Según se indica, es «la principal herramienta para centralizar las labores de seguimiento, impulso y evaluación de la aplicación del Código de Conducta en la Guardia Civil». Para sus funciones, contará «con la información y el apoyo que precise del resto de jefaturas, servicios y demás unidades de la Dirección General de la Guardia Civil».

Además, Interior elaborará «mapas de evaluación de riesgos» para determinar la adopción de «medidas correctoras», algo que se aplicará especialmente en los casos de corrupción. También se realizará una «evaluación» del «clima ético» de la Institución y se instaurará un «buzón de ética institucional» que «permita intercambiar información sobre el conjunto de comportamientos que, no estando prohibidos, tampoco están permitidos o no son deseables por perjudicar la imagen reputacional del Cuerpo».

Ascensos

Igualmente, la orden regula el sistema de acceso y ascensos, de forma que se examinará que los aspirantes a Guardia Civil, en sus diferentes escalas, cumplan el Código de Conducta, y no sólo en su comportamiento profesional. Según el texto, «se comprobará que el personal aspirante muestra que su carácter y estilo de vida han estado guiados por los valores y virtudes que se recogen en el Código de Conducta, y que podrán servir de referencia en las competencias a explorar durante la entrevista».

Igualmente, en la fase de oposición de los procesos selectivos para asistir al curso de capacitación para ascender al empleo de cabo, así como para el acceso a las escalas de suboficiales por promoción interna y de oficiales, por promoción profesional, dentro de las competencias y cualidades a valorar, se comprobará la adecuación de los aspirantes al Código de Conducta.

El Gobierno justifica esta orden en las medidas de «lucha contra el fraude y la corrupción» dentro de la Guardia Civil y recuerdan que, en su último informe, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomendó «que se adoptara un código de conducta y que debía ser complementado mediante directrices y medidas prácticas de aplicación, así como con un mecanismo creíble y eficaz de supervisión y ejecución». Interior avanzó la creación del observatorio hace unos meses, sin detalle, en plena polémica por el caso Cuarteles.

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