El catedrático Carlos Flores: «El Supremo tiene que abordar los excesos del Gobierno con el estado de alarma»

Carlos Flores Juberías es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, con Premio Extraordinario, así como Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Desde 2013 es catedrático en Derecho Constitucional en la misma universidad.

Es también uno de los cuatro autores del informe que defiende que el Tribunal Supremo es competente para juzgar el decreto por el que el Gobierno declaró el estado de alarma, en contra de la tesis de Fiscalía y Abogacía del Estado.

PREGUNTA: El decreto del estado de alarma está recibiendo numerosas críticas. ¿Se ha extralimitado el Gobierno usándolo?

RESPUESTA: El estado de alarma tiene sentido para incrementar la efectividad de la acción gubernamental para hacer frente, con más garantía de éxito, la crisis sanitaria. Pero rebasando este marco legal, y sobre todo olvidándose de la exigencia legal de adoptar solo las medidas estrictamente indispensables, el Gobierno, con su presidente al frente, puso en marcha toda una batería de limitaciones de derechos que nos han mantenido recluidos en nuestros domicilios y privados de un buen número de nuestros derechos constitucionales durante ya un mes y medio. Estas limitaciones carecen de conexión directa con el objetivo del estado de alarma: la lucha contra la pandemia.

P: ¿Qué habría sido lo correcto?

R: Sin duda, cumplir con la Ley. Yo carezco de conocimientos sobre prevención de enfermedades contagiosas, y no me veo capaz de determinar qué medidas deberían haberse tomado y cuáles no para detener la pandemia. Pero como jurista, sí que observo que algunas de las que se han adoptado no tienen el suficiente soporte legal, rebasando con mucho lo que la Constitución y la Ley permiten hacer en las presentes circunstancias.

P: ¿Debería el Gobierno haber optado por declarar el estado de excepción?

R: Hacerlo habría generado tres efectos positivos: dar cobertura legal a la suspensión de derechos que de facto hemos sufrido, reforzar la seguridad jurídica con la que nos habríamos movido –evitando, por ejemplo, que los ciudadanos fueran sancionados de manera a veces aleatoria, a veces de forma desproporcionada–e incrementar las capacidades de control
parlamentario sobre el Gobierno.

Dicho de otro modo, en un estado de excepción el presidente del Gobierno no habría podido debatir el alcance y duración de sus medidas a puerta cerrada y sólo con su socio de Gobierno. Tendría que haberlo hecho con luz y taquígrafos y frente a todos los grupos parlamentarios.

P: ¿Cuáles son los peligros reales de un poder aumentado sin control?

R: Al rebufo de la lucha contra la pandemia, aprovechándose del miedo de amplios sectores sociales y de los poderes extraordinarios de que le ha dotado el estado de alarma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha todo un programa de reformas políticas y económicas encaminado a avanzar partes de su programa de acción –o más bien, del de su principal socio de Gobierno– que en otras circunstancias no habría podido implementar, o sólo habría podido hacerlo con un importante desgaste político y tras un incómodo debate social.

P: ¿Cree que los ciudadanos somos conscientes de lo que está en juego?

R: En los primeros días tras la declaración del estado de alarma, creo que una gran mayoría de ciudadanos pensaron que las medidas adoptadas por el
Gobierno estaban justificadas por la necesidad de luchar contra la pandemia, y en consecuencia, que tocaba no solo cumplir con ellas, sino apoyarlas. Pero a mí, sostener que unas políticas «salvan vidas» y otras «cuestan vidas» –por cierto, muy trumpiano– me parece demagógico. Y las frases que comienzan con aquello de ‘lo que ahora toca es… o ahora no toca…’ me preocupan mucho.

De un tiempo a esta parte veo que este conformismo inicial está dando paso no sólo a un comprensible hartazgo, sino a una honda preocupación por el
futuro de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Los ciudadanos se muestran cada vez más críticos con la gestión del Gobierno, más celosos ante sus excesos, y menos dispuestos a dejarse arrastrar por la
demagogia y la apelación al miedo.

«Aprovechándose del miedo a la pandemia, el Ejecutivo ha impuesto reformas políticas y económicas, propias de su socio de Gobierno, que en otras circunstancias no habría podido»

P: Hay varios ciudadanos que se han dirigido al Supremo para que controle
esos posibles excesos.

R: Cierto. Otros lo han hecho a los tribunales que les resultan más próximos,
solicitando la fiscalización de decisiones administrativas concretas que, bajo la excusa de la declaración del estado de alarma han lesionado sus derechos. Y otros –entre los que me cuento– hemos optado por dirigirnos al Defensor del Pueblo para que haga honor a su condición y se movilice, también, en la fiscalización de las medidas adoptadas por el Gobierno.

No dudo de que en los próximos meses el Estado va a tener que afrontar
una avalancha de procesos judiciales. Los retrasos y la improvisación en la adopción de medidas, la concatenación de errores en su implementación, y la precipitación y la falta de rigor en su regulación normativa son una combinación letal de la que se han derivado importantísimos perjuicios para los ciudadanos.

P: Abogacía y Fiscalía consideran que debe pronunciarse el Constitucional.

R: Desde que se desató la pandemia, el Gobierno no ha dejado de apelar al criterio de los técnicos y los expertos para justificar cada una de las medidas que ha adoptado. Sin embargo, los expertos en Derecho permanecen no callados, sino acallados. El Ejecutivo no ha consultado ni una sola vez con el Consejo de Estado. Y en el colmo del despropósito, cuando unos ciudadanos deciden apelar al mas alto órgano de nuestro sistema judicial y solicitar su amparo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía –ésta última, olvidándose de que la Constitución le encomienda la misión de defender la legalidad y el interés público– tercian en el asunto defendiendo la abstención de del Supremo.

Un mes y medio de la declaración del estado de alarma, aún no hemos logrado que ninguno de los máximos órganos jurídicos del Estado se pronuncien sobre la constitucionalidad o la legalidad de las disposiciones del Gobierno. Me cuesta admitir que esto sea posible y sigamos
llamando al nuestro un Estado de Derecho.

«Las decisiones políticas no pueden quedar nunca al margen de la ley ni del control de los tribunales»

P: Usted ha firmado un dictamen técnico en el que pide al Supremo que resuelva un recurso muy concreto, ¿por qué?

R: Junto con otros cuatro catedráticos de Derecho Constitucional de otras tantas Universidades Públicas, y con la ayuda y el consejo de otros
varios colegas, he presentado un dictamen defendiendo la competencia del
Tribunal Supremo para analizar si el decreto que declaró el estado de alarma vulneran o no los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo hemos hecho con dos objetivos. El primero es asegurarnos de que se
cumple el artículo 97 de la Constitución que reserva al Gobierno la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esto equivale a afirmar que no existen ámbitos de decisión que por ser tachados de eminentemente «políticos» puedan quedar al margen del Derecho y lejos del escrutinio de los tribunales. Por eso es tan importante que el Tribunal Supremo tome cartas en este asunto. Y el segundo, obviamente, es para asegurarnos de que los ciudadanos se vean libres de limitaciones de sus derechos que rebasen los limites de la Ley, que sean innecesarias o que no resistan un mínimo juicio de proporcionalidad.

P: ¿Es válida la sentencia de los controladores en este caso? ¿Por qué?

R: El único precedente con el que cuenta la situación por la que actualmente
atravesamos en España es el que se produjo cuando para hacer frente a la
huelga de controladores aéreos, el entonces Presidente Zapatero –paradojas
de la vida: España solo ha vivido situaciones de emergencia bajo Presidentes
socialistas– promulgó el RD 1673/2010, de 4 de diciembre declarando el
estado de alarma. Y la única vez que el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado respecto del alcance de este instrumento legal fue en dicha ocasión. Lo adecuado romper el paralelismo entre ambos casos. Entonces, a diferencia de ahora, no hubo quiebra universal de nuestros derechos.