La Justicia imputó 3 delitos a 4 dirigentes del PSC de Batet tres días antes de la moción de censura

El nuevo Gobierno de Sánchez incorpora como ministra de Política Territorial y Función Pública a Meritxell Batet justo una semana después de destaparse un escándalo de corrupción al estilo Gürtel que toca de lleno al PSC, del que Batet es miembro de la Comisión Ejecutiva. El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona instruye el denominado caso Marina Bèsos en el que ha imputado a 4 cargos del partido de Batet acusados de delitos de fraude, malversación y prevaricación, sin que ni Miquel Iceta ni la nueva ministra hayan asumido responsabilidades ni dado explicaciones.

Batet no ha cesado en sus funciones al frente de la sucursal catalana del PSOE en Cataluña. Esta semana cogió el relevo del Gobierno del PP al frente de las Administraciones Públicas, pero no ha dejado de ser miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC y responsable en este partido de la Secretaría de Impulso Federal.

Una figura más que destacada de un partido sobre el que hace poco más de una semana acaba de caer una losa judicial tal y como acreditan los documentos en poder de OKDIARIO. La Fiscalía investiga en estos momentos el llamado caso Marina Bèsos, un caso de corrupción por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos y que suma ya 11 imputados, la mayoría relacionados con el PSC.

Un escándalo en el que el juez acaba de ampliar el listado de imputados ante las evidencias de que la corrupción se confirma y en el que –al igual que afirman los socialistas en el caso Gürtel recién sentenciado– resulta extraño pensar que los miembros de la Ejecutiva no tuvieran conocimiento.

El caso Marina Besòs se es instruyendo en el Juzgado de Badalona. Se rata de una trama de corrupción en Sant Adrià del Besòs y cuyo radio de acción se extiende hasta el Consejo Comarcal. Y hace poco más de 10 días, ante la gravedad de las pruebas, el Juzgado notificó a las partes el nuevo texto de diligencias previas del Fiscal y la petición del instructor. El resultado ha sido la ampliación de la cifra de imputados hasta la práctica totalidad de los relacionadas con el PSC y el CCB (Consejo Comarcal) relacionados con el caso.

El juez instructor investiga las irregularidades en la concesión de los permisos y licencias de explotación de un centro lúdico en Sant Adrià del Besòs, en la zona conocida como Marina Besòs, entre los años 2008 y 2013. Estos locales habrían estado funcionando como discoteca sin permisos –aprovechando una sequía– transformando un espacio de recreo con piscinas en una zona de ocio nocturno.

El número de imputados se eleva ya a 11, la mayoría relacionados con el PSC. Hasta ahora estaba investigado el entonces alcalde y presidente del CCB, Jesús Canga; el actual alcalde Joan Callau Bartolí; el secretario municipal, José Reverendo; el concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre; los técnicos municipales Enrique Padrós y José Leal; y los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico.

Desde la comunicación a las partes de las nuevas imputaciones, esta lista se ha ampliado ahora se añaden más cargos vinculados al PSC. Estos son Pedro Rivero Hidalgo, actual concejal del PSC, primer Teniente de Alcalde y Presidente del Área de Hacienda y Recursos Generales; María Teresa Juncosa, Consejera de la empresa UAR Barcelona; Marta Gloria Viladrich, jefe de Servicio de Territorio de Sant Adrià; Jaume Vendrell Amat del PSC de Gavà y gerente comarcal del Consejo Comarcal del Barcelonès; y Marta Gibert, secretaria general del Consejo Comarcal del Barcelonès.

El Fiscal, de hecho, ha elevado el tono de las acusaciones e incluye ya nuevos delitos, algunos con penas de multa e inhabilitación y también de prisión. Porque considera que hay indicios sólidos y suficientes para acusar a los imputados de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Por si fuera poco, hace cerca de un año, los Mossos tuvieron que detener al concejal del PSC de Sant Adrià de Besòs Juan Carlos Ramos Sánchez en una operación contra el tráfico de drogas. Hasta el momento, los Mossos han intervenido importantes cantidades de dinero en efectivo, 162 kilos de plantas y 15 kilos de cogollos de marihuana. Un mes después, Juan Carlos Ramos declaró durante 3 horas respondiendo a las preguntas de la investigación y mostrando su plena voluntad de cooperación.

Y todo ello ha ocurrido mientras la cúpula del PSC, con Miquel Iceta y Meritxell Batet en ella no hayan dado ni media muestra de reacción o ánimo de limpieza interna. No lo han hecho, pese a tratarse de un asunto de corrupción, con implicación de empresas beneficiadas, pagos, malversación, prevaricación, etc. Es decir, que han tenido la misma actitud que ante el caso Inipro que afectaba especialmente los ayuntamientos de Tarragona y Viladecans y el mismo «Marina Besòs».