Los cabecillas de Revuelta se niegan a mostrar las cuentas donde figura el dinero que se quedaron de la DANA

Varios ex miembros de Revuelta denuncian la opacidad de los dos líderes de la asociación, Jaime Hernández y Pablo Gasca, por negarse a mostrar las cuentas de Asociación Social de Mayores (ASOMA), la entidad jurídica que habría funcionado como una sociedad pantalla del grupo juvenil, en plena polémica por presuntos desvío de miles de euros provenientes de donaciones durante la DANA de Valencia, y que llevó a Arturo Villa (ex vicepresidente) y a Javi Esteban (ex vocal) a denunciar el caso a la Fiscalía este pasado 5 de diciembre, siendo admitido a trámite.

Las mismas fuentes señalan a OKDIARIO que ya ha terminado el plazo que dio Jaime Hernández a Arturo Villa para mostrar las cuentas de una supuesta auditoria, pese a que Hernández «nunca reveló el nombre del despacho que se encargaba», tal y como se revela en los email a los que ha tenido acceso en exclusiva este diario.

«En casa de Javi Esteban, Jaime llamó a un amigo suyo en altavoz, un tal Pablo Hassone para que nos dijese que todo estaba bien», revela uno de los ex miembros de Revuelta a OKDIARIO, apuntando a que se trataría de una auditoría fake del presidente, quien en los últimos meses «había acaparado todo el poder de la dirección», como denunció Elsa Aldama, quien dejó de formar parte de la organización el pasado marzo.

Por su parte, otro ex integrante, Pau Ruiz –trabajador de Vox en el departamento de comunicación–, insiste este jueves que, «tras seis meses» de exigir a la cúpula de ASOMA las cuentas, «todavía no las han enseñado». Una denuncia que hace a través de una cuenta de X. La dinámica de esta nueva generación de jóvenes que han empleado la red social para hacer comunicados públicos con un intenso cruce de acusaciones entre la actual cúpula de Revuelta y aquellos que abandonaron la asociación.

La auditoria ‘fake’ de Revuelta y sus cuentas

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los emails que se cruzaron entre la todavía antigua cúpula de Revuelta, donde el ex vicepresidente, Arturo Villa, solicitaba al presidente Javier Hernández, a fecha 24 de octubre y en un plazo de 24 horas, tanto el libro de actas de 2023 a 2025, como las cuentas anuales, balances y estados financieros de aquellos años hasta la situación actual, así como el desglose detallado de todos los ingresos y gastos, las declaraciones fiscales presentadas, el listado actualizado de socios y el inventario de bienes y el estado actualizado de las cuentas bancarias.

Villa ponía de manifiesto que desde su incorporación como vicepresidente de Asoma en 2023, no había tenido «acceso ni conocimiento de la información económica». «Nunca he firmado ni aprobado actas (…) ni se ha celebrado a mi participación ninguna reunión formal de la Junta Directiva ni Asamblea de Socios con acta correspondiente», le espetó a Jaime Hernández.

Cuatro días después, Jaime Hernández contestó a Arturo Villa un email donde le denegó la documentación requerida. El motivo que argumentó fue que Asoma había contratado una «auditoria externa e independiente que se encuentra en curso».

Hernández señalaba que dicha auditoria había sido acordada en «una reunión previa» y que, por tanto, toda la documentación permanecería «bajo custodia y control del auditor hasta la finalización del informe a fin de preservar la independencia del proceso», prometiendo que «la entrega y revisión de la documentación solicitada se realizará íntegramente una vez finalizado el proceso» que estimaba «entre seis y ocho semanas».

Sin embargo, al día siguiente, Villa le manifestaría en otro email su sorpresa ante dicha auditoria, ya que «no se había celebrado ninguna reunión formal de la Junta» para «autorizar su contratación». «No he visto jamás ese contrato de auditoría, ni conozco la identidad del auditor, ni el coste ni el alcance del trabajo», señalará, pidiéndole “una copia íntegra del contrato firmado y los datos del despacho», y acusándole de «opacidad, mentira y manipulación».

En dicho correo electrónico, Villa le pedió que le explicara quiénes habían sido las personas autorizadas en operar en las cuentas de ASOMA, así como cuántas retiradas en efectivo se habían realizado, a qué se destinó y si existían facturas que acreditaran el destino de cada una de esas retiradas.

Además de advertirle que había podido comprobar que, en las cuentas bancarias de ASOMA, todavía existían, después de un año, «más de 100.000 euros», pese a que la «recaudación de esos fondos se realizó bajo el compromiso público de destinar la totalidad de las ayudas a los afectados por la DANA»,

Y añadía: «Si la razón fue evitar posibles repercusiones fiscales por no haber modificado los fines estatuarios o actualizado la denominación de la entidad, ¿por qué no se procedió entonces a esa adaptación legal ni se informó a la Junta Directiva ni a los donantes? Y en cualquier caso, ¿cómo se justifica haber comunicado públicamente que todo el dinero sería destinado a la DANA si finalmente no se hizo?».

Preguntas que, a día de hoy, siguen sin ser respondidas por el presidente de Revuelta, quien permanece en silencio desde el pasado domingo tras un comunicado en el prometía que el resultado de la auditoría lo haría público. Este diario hasta el cierre de la edición, ha intentado sin éxito ponerse en contacto tanto con Hernández como con Gasca.

Revuelta en la DANA: el dinero y las denuncias

OKDIARIO ha contactado así mismo con varias de las personas que colaboraron con Revuelta en la DANA. Reconocen que el grupo juvenil al que pertenecía multitud de miembros de Vox –pese a ser autónoma del partido– fue clave para canalizar desde toda España la ayuda desinteresada de ciudadanos que donaron dinero y que Revuelta se volcó durante mucho tiempo prestando ayuda real en Valencia.

De hecho, el propio Jorge Buxadé –coordinador de los servicios jurídicos del partido– publicitó a Revuelta en sus redes sociales para que la gente tomara en cuenta este colectivo.

Sin embargo, tal y como descubrió el ex vicepresidente de ASOMA –y asesor en el Parlamento Europeo de Vox– pasado un año de la tragedia, seguía habiendo dinero procedente de las donaciones en las cuentas bancarias. Mientras que además no se había pagado impuestos del dinero recaudado, lo que les llevó a poner en conocimiento de Vox las sospechas de irregularidades.

Tras los rumores, Vox tomó cartas en el asunto, señalando que no iba a tolerar que miembros del partido estuvieran implicados en una situación como esta. El mensaje que se les dio fue claro: «Si queréis seguir trabajando en Vox necesitamos transparencia absoluta».

La estrategia que se siguió fue doble: por un lado, intentar encauzar legalmente la situación entre ASOMA y Revuelta. ¿De qué manera? Disolviendo ASOMA a través de una Comisión Liquidadora, cuya misión era limpiar las cuentas, pagar impuestos y donar el remanente a los afectados por la DANA. Un propósito que atestigua la carta que el vicepresidente Arturo Villa mandó el 27 de octubre, al presidente, Jaime Hernández, para que firmara junto con su amigo y mano derecha, Gasca.

Pero tanto Hernández como Gasca se negaron a disolver la sociedad pantalla, justificando que se trataba de «una maniobra de Vox para absorber Revuelta». Impulsados por Vox, Villa y Esteban pusieron en conocimiento las irregularidades ante la Fiscalía, mientras que la formación verde denunció días después el caso ante el organismo anticorrupción Autoridad Independiente de Protección del Informante, tal y como les advirtió que harían el diputado y vicepresidente de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, a la junta directiva de Revuelta, en una conversación telefónica que ha sido filtrada por elplural.es. 

«Esta circunstancia situaría a Vox en un caso casi inédito o al menos muy poco frecuente: el partido denuncia a una asociación afín porque nuestro código ético no tolera una circunstancia como esta”, señalan desde el partido político.