Borràs planea suspender el debate de investidura por la falta de acuerdo entre los separatistas

26 de marzo. Es el día tope para que el Parlament de Cataluña acoja el primer debate de investidura del futuro president de la Generalitat. La ley catalana así lo determina. El plazo es de diez días hábiles a contar desde la constitución de la Cámara. Pero, a falta de una semana, lo más probable es que la presidenta del legislativo, Laura Borràs, convoque un acto equivalente al de una investidura fallida e impida así la celebración de un debate real como quiere ERC. La de Junts está dispuesta a pagar a Pere Aragonès con la misma moneda con la que su antecesor, Roger Torrent, pagó a Carles Puigdemont rechazando el intento vía telemática.

Hace ya siete días que la decimotercera legislatura echó a andar y Borràs todavía no ha convocado la ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para saber con qué apoyos cuenta cada candidato que aspira a presidir la Generalitat. Es un requisito previo imprescindible antes de convocar formalmente el acto, con 48 horas de antelación. De momento hay dos diputados dispuestos: el ganador, Salvador Illa (PSC), y Pere Aragonès (ERC). Con el mismo número de escaños a día de hoy, 33, ni uno ni otro cuenta con los votos suficientes para salir investido.

Aunque Illa ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere dirigirse a la Cámara para pedir la confianza de los diputados -desmarcándose así de la anterior ganadora de las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, que rechazó someterse a la investidura pese a ganar los comicios- todo indica que Laura Borràs no se lo va a permitir. La parlamentaria de Junts per Catalunya, ante el riesgo de una repetición electoral, no quiere dar al ex ministro socialista la posibilidad de monopolizar el debate y, de esta forma, conseguir más minutos de televisión.

Los partidos independentistas trabajan desde hace días en la formación de un Govern separatista, presidido por Aragonès, aunque parece complicado que puedan llegar a un acuerdo a día de hoy. Las múltiples diferencias entre los socios del actual Govern, y de estos con la CUP, indican que las negociaciones van a ser mucho más lentas de lo que se esperaba y que antes del 26 de marzo será imposible intentar la investidura. Por eso, los separatistas consideran que hay que aplazar la cita. En Junts y la CUP, a diferencia de Esquerra, no tienen ninguna prisa.

Y es que, más allá de las discrepancias, que son ya de por sí un factor desestabilizador, el hecho de que los líderes de los dos principales partidos independentistas estén encarcelados añade dificultad y presión a las conversaciones. Después de cada reunión de los equipos negociadores, estos se desplazan a la cárcel de Lledoners. Los de ERC despachan con Oriol Junqueras y los de Junts, con Jordi Sánchez. Aunque sus celdas son colindantes en el centro penitenciario donde cumplen condena, prácticamente no se hablan.