Los vetos cruzados alejan la formación rápida de un Govern y acercan la repetición electoral en Cataluña
Pese a que ERC y JXCat manifiestan su voluntad de formar Govern cuanto antes, para dar respuesta a las necesidades que tiene Cataluña con la pandemia, hay diferencias notables entre ellos sobre quién debe acompañarles
Junts exige a ERC dejar a la CUP y Comuns fuera del Govern para investir a Aragonès
Pese a que la voluntad del candidato de ERC, Pere Aragonès, es ser investido president del Govern cuanto antes, su deseo de formar gobierno en breve, que comparte también JxCat, la realidad política en Cataluña es bien distinta. Los vetos cruzados entre independentistas y soberanistas alejan la posibilidad real de un pacto inminente, facilitan a Salvador Illa someterse al debate de investidura y acercan una posible repetición electoral.
JxCat quiere reeditar la misma fórmula de coalición que ha dirigido el Govern en los últimos cinco años. A ERC, que en esta ocasión pasaría a ser el socio mayoritario, ostentando la presidencia, la idea no le acaba de encajar. Fuentes del partido presidido por Oriol Junqueras se remiten «al mal funcionamiento» de las relaciones con JxCAT en los últimos años, que han provocado «una parálisis en algunos temas», para dar prioridad a otras sumas entre los partidos independentistas y soberanistas.
La candidatura liderada por Pere Aragonès, que ha nombrado a tres de sus máximos dirigentes -Marta Vilalta, Josep María Jové y Laura Vilagrà- como negociadores con el resto de formaciones, quiere alcanzar un acuerdo a cuatro que incluya a Junts, la CUP y los Comunes. Una ecuación que se antoja complicada debido a los vetos cruzados que existen entre estos partidos. Si bien JxCAT podría acabar aceptando la entrada de los antisistema en el Govern, siempre que sea con el control de carteras menores, los de Carles Puigdemont no ven con buenos ojos la presencia de los Comuns. Tampoco la franquicia de Podemos quiere compartir espacio con los herederos de CiU.
Más allá de las siglas, en los vetos cruzados entre independentistas, también hay una cuestión de nombres. Si como partidos como JxCAT y la CUP podrían llegar a entenderse -aunque admiten que si eso ocurre «habrá tiranteces a menudo»-, desde los anticapitalistas no quieren que perfiles como el del ex presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y número dos de Junts, Joan Canadell, formen parte del Ejecutivo regional. Tampoco es muy del agrado de los de María Dolors Sabater que la imputada Laura Borràs se pueda convertir en la nueva vicepresidenta, ya que podría ser condenada en cualquier momento, poniendo en jaque la estabilidad del Govern.
Y es que si alguna cosa buscan los partidos independentistas, que han ganado en número de escaños y porcentaje a los partidos constitucionalistas, es estabilidad y un compromiso firme de avanzar hacia sus planes rupturistas. Encarar el final de la pandemia y la recuperación económica de la región, fruto del desastre que están provocando las medidas impuestas por la Generalitat en el tejido empresarial, es la prioridad del único hombre que puede auparse a la Presidencia, Pere Aragonès.
Cuenta atrás de dos meses
ERC ha empezado sus negociaciones con la CUP, una señal de aviso a JxCAT, del que les separó sólo un escaño, y una declaración de intenciones de cómo quieren hacer las cosas. Pese a que en la primera toma de contacto, este martes, ERC trasladó a los antisistema sus prisas para llegar a un acuerdo lo antes posible, desde la CUP avisan que ellos no van a correr. De hecho no será hasta el 27 de febrero, quince días antes de la constitución del nuevo Parlament, cuando la dirección de la formación separatista analizará los posibles escenarios post electorales. Su decisión, posteriormente, deberá ser ratificada en asamblea.
Si en ese periodo de dos semanas entre finales de febrero y mediados de marzo no hay consenso entre los partidos independentistas, algo que se verá con la formación de la mesa del Parlament, en la que por representación PSC, ERC y Junts podrían optar por quedarse con todas las sillas, la situación se le pone muy de cara al presidenciable del PSC, Salvador Illa. El ganador de las elecciones no tiene apoyos suficientes para ser investido president de la Generalitat, pero quiere intentarlo. Así pues, teniendo en cuenta que el 26 de marzo es la fecha límite para la celebración del primer debate de investidura, si antes ERC, JxCAT, la CUP y los Comuns no han llegado a un acuerdo Illa podría ser el candidato designado a ser investido. Aunque perderá la votación.
A partir de ese momento, cuando una mayoría de la cámara rechace su elección, el socialista podría volver a intentar ser investido con mayoría simple 48 horas más tarde. Difícilmente la consiga. Es a partir de entonces cuando empieza a correr el famoso reloj de la democracia que, con una cuenta atrás de dos meses, obliga a los 135 diputados a encontrar a un candidato que genere el máximo consenso en un plazo máximo de ocho semanas antes de la disolución automática de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones que, en caso de repetirse, serían el 21 de julio.