INQUIOKUPACIÓN

Boom de inquiokupas ‘vulnerables’ en el barrio de Ione Belarra en Madrid: «Que se los lleve a su casa»

El problema de la inquiokupación ha crecido de forma exponencial desde el año 2022 y el decreto 11/20

80.000 personas son víctimas de la okupación en España, según la Plataforma de Afectados por la Okupación

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«Que se los lleven a su casa o a su jardín». Es el grito desesperado de Sonia, vecina de Puente de Vallecas, en Madrid, víctima desde hace dos años de  inquiokupas, y vecina de Ione Belarra, impulsora cuando fue ministra de la Ley de Vivienda actual. Belarra vive cerca. Sonia no se esconde y está deseando que «caiga este Gobierno».

El ejecutivo de Sánchez y Podemos aprobó en pandemia el llamado decreto 11/20 que permite a cualquier inquilino declararse vulnerable y seguir en la vivienda sin pagar. Sonia responde: «Yo no tengo que ser el escudo social de nadie». Y contesta, indignada, también, a quienes, como Irene Montero, afirman que «la okupación es un problema inventado por la derecha». O a quienes, también, como el ministro Óscar López, líder de los socialistas madrileños, que llegó a decir que la okupación afecta al «0,00000005% de la población madrileña».

La vida de Sonia cambió al conocer a Alejandra, inmigrante hondureña, que la engañó. Alejandra parecía solvente y honrada, pero, meses después de entrar en la vivienda, se declaró vulnerable y, amparándose en el decreto del Gobierno, decidió quedarse dentro.

Sonia sabe, a ciencia cierta, que Alejandra trabaja y cobra un sueldo. Alejandra alquiló la casa de Sonia en marzo de 2022 y desde julio de 2023 no paga nada. Más de dos años sin cobrar que, además, le suponen a Sonia 900 euros mensuales: «Mi casa tiene hipoteca, sigo pagando el agua y la luz, el IBI, la tasa de basuras…». 

Sonia ofreció, incluso, a la inquiokupa alquilar una de las habitaciones para que, teniendo ese ingreso extra, pudiera pagarle su renta mensual. Pero la  inquiokupa se negó. No sólo eso. La inmigrante hondureña se trajo a sus dos hijos a España y los metió en la casa. Uno de ellos, de 19 años, sigue viviendo con ella. Sonia se queja: «Ese chico está ya en edad de aportar [trabajar]».

Inquiokupas en Puente de Vallecas

Alejandra se niega a irse. No tiene ya ni contrato, pero sigue dentro destrozando la vida de Sonia: «El contrato venció en febrero del 24, le mandamos un burofax para que se fuera, vino la Policía y delante de los agentes dijo que no se iba».

Sonia ha sufrido, incluso, amenazas de su inquiokupa: «Al principio aparentó ser muy conciliadora, pero con el tiempo pasó a un tono amenazante». La inquiokupa le chuleaba diciendo que «conocía muy bien las leyes» y que las leyes españolas estaban «de su parte».

La inquiokupa hondureña llegó, incluso, a presentar una falsa denunciar contra Sonia: «El día del juicio no se presentó». Fue surrealista, dice Sonia: «Llamó para explicar que no se podía presentar porque estaba trabajando». 

Servicios Sociales declaró a Alejandra «persona vulnerable» tras varios meses de un largo expediente en los que Sonia siguió pagando los gastos y la vida de su inquiokupa. Sonia se desespera: «La declararon vulnerable porque cobra menos de 1.800 euros al mes. Mi sueldo no llega a eso y no me declaro vulnerable”.

Según datos oficiales, más de la mitad de los asalariados españoles cobran menos de 1.800 euros al mes. El salario más frecuente en España, en 2025, es 1.297 euros al mes, por debajo del salario mínimo. Conclusión: la mitad de los asalariados españoles podrían declararse vulnerables y, gracias al decreto del Gobierno, vivir de gorra como la inquiokupa de Sonia. 

El problema de los inquiokupas ha crecido de forma exponencial desde el año 2022 y el decreto 11/20. Las zonas de Madrid más afectadas son Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel. 

Cerca de 80.000 personas son víctimas de los okupas y los inquiokupas en España en sus distintas formas, según la Plataforma de Afectados por la Okupación. 

Sonia pierde la esperanza. Cree que nunca recuperará su vivienda después de más de dos años peleando sin que ninguna ley ni administración le apoye. Como miles de propietarios afectados por la inquiokupación en España, digan lo que digan Irene Montero desde su casoplón de Galapagar, Ione Belarra con su sueldo desahogado de diputada o el ministro Óscar López.

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