Ayuso inspeccionará los edificios de Sánchez para vigilar si cumplen su decretazo energético

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso inspeccionará los edificios dependientes del Gobierno para vigilar si cumplen con el decretazo energético aprobado por el Ejecutivo socialcomunista en el último Consejo de Ministros.

Las comunidades autónomas serán las responsables de vigilar el cumplimiento del plan energético aprobado por el Gobierno y que, entre otros, impone una limitación de la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción o el apagado de la iluminación de los edificios públicos. De esta forma, se dará la circunstancia de que la Comunidad de Madrid aprovechará sus competencias en esta materia para vigilar su cumplimiento, por ejemplo, en los edificios administrativos, como es el caso de las distintas sedes del Gobierno. Ayuso, que ha expresado sus críticas a las medidas impuestas por Sánchez, tendría así la potestad de, curiosamente, controlar que el plan se cumple en los edificios en los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desempeña sus funciones.

Las nuevas obligaciones afectarán a las instalaciones de edificios no residenciales de gran consumo, como los administrativos -por ejemplo, los ocupados por la Administración Pública-, los comerciales -tiendas, supermercados o grandes almacenes- culturales -teatros, cines, auditorios-, bares, restaurantes, cafeterías u hoteles y estaciones y aeropuertos.

Las normas aprobadas por el Gobierno complementan el ya existente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y lo hacen más exigente.

Así, por ejemplo, la temperatura mínima para al aire acondicionado se fija en los 27 grados y la máxima de calefacción en los 19. Además, los edificios deberán contar con cierre automáticos de puertas y se exige adelantar la inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021.

Competencias

Este reglamento atribuye a las comunidades autónomas las funciones de inspección y vigilancia de que las medidas se cumplen. Así, según el artículo 29 del RITE, «el órgano competente de la comunidad autónoma podrá acordar cuantas inspecciones juzgue necesarias, que podrán ser iniciales, periódicas o aquellas otras que establezca por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento, con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento del RITE». «Las instalaciones se inspeccionarán por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la comunidad autónoma o por organismos de control autorizados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes que determine el órgano competente de la comunidad autónoma».

Las sanciones están contempladas en la Ley de Industria, que establecen multas de entre 60.000 euros para infracciones leves hasta 100 millones de euros para las muy graves. Según la misma normativa, son infracciones muy graves, entre otras, el incumplimiento doloso de las medidas, siempre que ocasionen riesgo grave para las personas; la reincidencia en falta grave; o la «negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector». La competencia para las sanciones más graves corresponde al Estado aunque las comunidades también tienen disponen de función sancionadora.

Críticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha expresado con rotundidad su rechazo a este plan impuesto -una vez más- por Pedro Sánchez.

«Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga», señaló en un mensaje publicado en las redes sociales poco después de conocer las medidas. Para la presidenta madrileña, la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez «genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo». «Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», lanzó la líder del Ejecutivo madrileño.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estudian ahora su posible inconstitucionalidad. «Vamos a ver primero si el decreto es constitucional y después analizar todas aquellas medidas que puedan ser malas para los madrileños», avanzó este martes el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, quien recordó «cómo decretos ley parecidos a estos, como los de estados de alarma del señor Sánchez, el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales».

“Todos los empresarios ya han hecho planes de ahorro, nadie mejor que un comerciante sabe qué medidas tomar en su negocio y cuándo tiene que estar encendido o no su aire y su escaparate para tener más actividad o ahorrar más”, declaró el vicepresidente autonómico.

El nuevo pulso de Ayuso ha irritado al Gobierno, que ha salido en tromba a defender las medidas y a atacar a la presidenta regional, acusándola incluso de «egoísmo y falta de solidaridad».

El propio Sánchez, tras su despacho con el Rey en Palma, advirtió a Ayuso este martes que «en España la ley se cumple» y manifestó que no cumplir con esas medidas sería «insolidario, egoísta» y un comportamiento «unilateral» que va en contra de la posición «europea y europeísta» que España «mantiene por convicción».